Como ya anticipó Fenadismer el pasado mes de febrero, una vez que fue conocido el fallo en contra del Tribunal General de la Unión Europea contra la sanción impuesta a Scania en 2017 por la Comisión Europea por importe de 880 millones de euros, era de prever que finalmente apelara ante instancias superiores, en un intento a la desesperada por evitar las importantes consecuencias económicas que la multa representará en su situación financiera, así como las posibles reclamaciones a las que tendrá que hacer frente.
Por ello, el pasado viernes 8 de abril quemó “su último cartucho judicial” ante el Tribunal de Justicia europeo mediante la interposición del correspondiente recurso de casación, que una vez sea resuelto, en caso de que sea nuevamente desestimatorio, abrirá finalmente la vía judicial para que todos los afectados que adquirieron un vehículo de dicha marca, o de cualesquiera de los otros cinco fabricantes participantes en el cartel de camiones que aún no lo hubieran hecho, puedan interponer las correspondientes reclamaciones por los perjuicios ocasionados, debido a la responsabilidad solidaria por la actuación conjunta de los fabricantes en la concertación de los sobreprecios aplicados en la venta de camiones en toda Europa durante el período que duró el cartel, lo que afectó a unos 10 millones de camiones, de los que aproximadamente 200.000 correspondieron a camiones adquiridos en España.
Cabe recordar que la sanción impuesta a Scania fue la de mayor importe económico que la Comisión Europea impuso a las marcas participantes en el cártel europeo, superando a las multas impuestas a cada uno de los cinco restantes fabricantes europeos participantes en el cártel (Daf, Daimler-Mercedes, Iveco, Man y Renault-Volvo), todas ellas motivadas por haber quedado probado que, durante más de 14 años, desde 1997 hasta 2011, concertaron la fijación en los precios de venta de dichos vehículos en perjuicio de sus clientes, fundamentalmente transportistas, y retrasaron deliberadamente la introducción en el mercado de nuevas tecnologías para reducir las emisiones de sus vehículos, lo que conllevó una multa record por un importe total cercano a los 4.000 millones de euros entre todas las marcas.
