El Grupo de Contacto de Manzana y Pera, perteneciente al Comité Mixto de Frutas y Hortalizas, que reúne a Francia, España, Italia y Portugal, se ha reunido este lunes en Lisboa para analizar la situación del cultivo, el balance de la campaña de pepita 2022/2023 y las perspectivas de cosecha de este verano.
Desde España, la reunión sirvió para exponer la crítica situación que atraviesan las principales regiones productoras, y muy particularmente Cataluña, donde la sequía está causando estragos, llegándose a la situación inédita de cierre del Canal de Urgell, del que dependen más de 9.000 hectáreas de frutales de pepita; esto es, más de la mitad de la producción de manzana y pera de esta Comunidad Autónoma.
A pesar de las lluvias caídas en las últimas semanas, la preocupación no se ha aliviado y el sector está valorando distintos escenarios, en función de que los daños afecten exclusivamente a la cosecha 2023 o también a la supervivencia de las plantas, provocando la pérdida de las cosechas venideras e inversiones muy costosas para la reposición del arbolado.
Cooperativas Agro-alimentarias de España expuso la situación ya precaria de los operadores, que se han visto afectados en los últimos años por las heladas y las consecuencias de la pandemia y la guerra de Ucrania, lo que hace temer que se produzca un abandono del cultivo en los casos más extremos.
Esta circunstancia afectará profundamente a las cooperativas, que verán minimizada la actividad de sus centrales hortofrutícolas por falta de producto y deberán hacer frente a los mismos costes fijos.
El sector español está a la espera de conocer la materialización de las ayudas anunciadas tanto por el Gobierno de España, (que prevé una dotación de 274 millones de euros para medidas urgentes en forma de ayudas directas a los sectores agrícolas afectados, en respuesta a la sequía, entre otras circunstancias sobrevenidas), como por la Comisión Europea, mediante la apertura de la reserva de crisis a favor de los afectados por eventos climatológicos extremos.
Uso sostenible de fitosanitarios
Otra de las cuestiones analizadas fue el reglamento sobre uso sostenible de fitosanitarios, una normativa en discusión que amenaza gravemente la actividad hortofrutícola.
Los expertos pusieron de manifiesto las limitaciones existentes para garantizar la lucha fitosanitaria de las plantaciones de fruta de pepita, como consecuencia de la sucesiva desautorización de materias activas y de productos, antes de que exista una alternativa. Destacaron los enormes esfuerzos realizados por las cooperativas y sus socios para implantar sistemas de protección alternativos a los convencionales.
María Casoliva, representante de Cooperativas Agro-alimentarias de España, reclamó “que el reglamento se debe basar en un estudio de impacto científico, con objetivos y plazos realistas, y no inspirarse en percepciones. Estamos dispuestos a seguir avanzando en la introducción de métodos de producción no convencionales, pero esto es una carrera de fondo, que debe ir adaptándose, al ritmo de puesta a disposición de soluciones fitosanitarias alternativas por la ciencia y por las administraciones que las autorizan. Y todo ello teniendo en cuenta las nuevas plagas y enfermedades -introducidas por importaciones de terceros países- y, en todo caso, estar acompañada de un apoyo económico público suficiente”.
Los participantes fueron especialmente críticos con la definición que la Comisión ha ofrecido de “zonas sensibles”, donde los tratamientos quedarían prohibidos y la actividad agrícola dejaría de ser viable, especialmente en amplias zonas de los países mediterráneos, principales productores de frutas y hortalizas.
También criticaron la doble vara de medir de la UE, impone condiciones y limitaciones a sus productores, pero no materializa el principio de «reciprocidad/cláusulas espejo», quedándose estos preceptos en meras declaraciones de intenciones. Por esta vía “no salvaguardaremos la agricultura europea competitiva y la soberanía alimentaria de los consumidores de la UE, sino que provocaremos la fuga de la actividad agrícola a terceros países (menos sostenibles)”, concluyó Casoliva.
