La consejera de Agricultura del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, confía en que la negociación en las Cortes de las enmiendas a la ley de cadena alimentaria sirva para aclarar la redacción de la normativa y las dudas del sector platanero al respecto.
Y es que según los cálculos del lobby Asprocan, la aplicación de esta norma supondría dejar de vender entre el 25% y el 35% de la producción, unos 100 millones de euros anuales.
Esta cifra la facilita el diputado de Ciudadanos, Ricardo Fernández de la Puente, quien había pedido la comparecencia de la consejera en comisión parlamentaria.
La ley impide la venta a pérdida de la producción agraria o por debajo de los costes de producción y el sector platanero, con el respaldo del Gobierno de Canarias y del Parlamento, ha pedido que se establezca una excepción para que este producto pueda competir con la banana importada, que no está sometida a ese requisito.
Otra de las cuestiones pendientes es que se permita a la organización de productores y a los operadores de la península que puedan fijar el precio antes del proceso de maduración en destino, no necesariamente cuando se despacha el plátano (que se exporta en verde) en la aduana canaria.
Pero hasta septiembre no se sabrá como van las negociaciones en Madrid, ya que sus señorías se van a partir de mañana de vacaciones.
La consejera Vanoostende recordó que el sector platanero atraviesa un buen momento económico, con buena producción en el invierno pasado y precios que se están recuperando sin que aparentemente vaya a haber sobreoferta este verano.
