ECOGROUP SPAIN -anteriormente Frutos Los Pisaos- ha hecho público un comunicado en el que achaca a «una denuncia falsa de un ex empleado resentido y extorsionador» la operación llevada a cabo la semana pasada por el Seprona por un presunto delito de fraude alimentario.
Según ha explicado la compañía, en la mañana del 4 de abril, una operación liderada por el Seprona y autorizada por el Juzgado número 3 de Motril conllevó el registro de las instalaciones de producción de ECOGROUP SPAIN, así como el domicilio de su Administrador en el centro de la localidad de Motril.
Tras las pesquisas en las que se recabó información sobre la trazabilidad de las verduras ecológicas producidas y comercializadas por ECOGROUP, dos de las cámaras –con más de 231.000kg de verduras bio- fueron precintadas. Asimismo, fueron detenidas tres personas vinculadas con la sociedad, quienes tras prestar declaración ante la Guardia Civil quedaron en libertad.
En la tarde del día 5 de abril, la juez titular del Juzgado Mixto número 3 de Motril decretó en auto que «se considera ajustado a derecho acordar el levantamiento de la medida de precinto de la mercancía intervenida durante la diligencia de entrada y registro, que se relaciona en la documental aportada por la defensa y se encuentra en las instalaciones de la mercantil ECOGROUP SPAIN, y autorizar su comercialización».
Tras las primeras diligencias, el juzgado permite la comercialización como ecológicas, sin duda alguna, de la mercancía existente en las instalaciones de ECOGROUP durante su registro.
Tras la puesta en libertad de Francisco García Pérez, administrador de ECOGROUP SPAIN, manifiesta que su «compañía ha pasado, favorablemente, todas las auditorías periódicas de los organismos de control de la Junta de Andalucía y dispone de las certificaciones para la producción y comercialización de hortícolas ecológicos». Indicando que las actuaciones llevadas por las fuerzas del orden se han debido a la «denuncia falsa de un ex empleado resentido y extorsionador, lo cual quedará acreditado ante la autoridad judicial competente, reservándose esta entidad las acciones legales oportunas contra el ex empleado».
