Así lo han apuntado este lunes en el foro web de Qcom.es “La importancia del sector primario en la desescalada de España” el vicepresidente de Asaja, Pedro Gallardo, y los secretarios generales de COAG y UPA, Miguel Blanco y Lorenzo Ramos, respectivamente.
Los tres responsables de las principales asociaciones de agricultores españolas han coincidido en que en esta pandemia el sector se ha puesto en valor porque ha garantizado el abastecimiento de alimentos, pero también han reconocido en que aún existen desequilibrios de precios en la cadena alimentaria.
«Hay que recordar que las movilizaciones que hemos aparcado por la covid-19 querían denunciar la grave crisis de falta de rentabilidad del sector», ha afirmado Gallardo, quien ha defendido que «las administraciones tomen cartas en el asunto porque si no hay una solución, vamos a tener que volver a sacar los tractores».
Gallardo ha recordado que los precios en origen en muchos casos están a niveles de hace décadas mientras que los costes de producción se han disparado durante los últimos años; también, las trabas a la venta por el veto ruso a la importación de alimentos comunitarios y la subida de aranceles de EE.UU. y varios productos.
Blanco ha subrayado que «las reivindicaciones siguen siendo las mismas que en enero y febrero» en un sector -ha añadido- que en 2019 registró una caída de ventas del más del 9 % y que sigue siendo «el eslabón más débil de una cadena alimentaria cuyo reparto de valor sigue siendo desequilibrado».
«A ver cómo concluyen las cosechas y a qué precios», ha asegurado antes de criticar que «la Unión Europea (UE) ha dado la espalda al sector» durante la crisis de la covid-19 porque no ha apoyado lo suficiente a los subsectores más castigados, como los de ovino, caprino, leche, flor, fruta o aceite.
Retomar las movilizaciones
Desde UPA, Ramos ha indicado que «los motivos no sobran para retomar las movilizaciones», aunque a la vez ha reconocido que las acometidas los dos primeros meses de 2020 produjeron un «cambio de actitud» en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) con la modificación de la ley de la cadena alimentaria.
Respecto a la propuesta de la Comisión Europea (CE) para la financiación de la futura Política Agrícola Común (PAC), los tres participantes del foro han mostrado su más absoluto rechazo al recorte previsto que, según COAG, podría suponer 585 millones de euros menos al año de las ayudas para la agricultura española.
«Los recortes planteados por Bruselas para la PAC son totalmente inaceptables y esperamos que el Parlamento Europeo ponga freno a este despropósito», ha señalado el vicepresidente de Asaja, que demanda que la agricultura sea considerada como «un bien público esencial».
Blanco ha hablado de «indignación en el sector», no solo por los números que se manejan para la PAC 2021/27, si no también por las repercusiones del Pacto Verde y de estrategias como la «De la granja a la mesa», que apuestan por recortes en el uso de fertilizantes y fitosanitarios.
Ramos ha considerado que la UE no tiene que dar lecciones a España con objetivos de agricultura ecológica a medio plazo, tal y como quiere impulsar el Pacto Verde, ni tampoco «criminalizar a los agricultores que utilizan fitosanitarios, medicinas para las plantas, que además de ser caros no se echan por gusto».
El responsable de UPA se ha mostrado tajante al calificar de «barbaridad» que la Comisión plantee un recorte de las ayudas a los que producen algo tan esencial como los alimentos y que desde Bruselas se den mensajes como que no hay que consumir carne
