La Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja) Alicante ha augurado «una sentencia de muerte para las clementinas» valencianas si, en la revisión del Acuerdo con Sudáfrica, la Unión Europea no incluye cláusulas que impongan aranceles y prohíban la llegada de cítricos del continente vecino cuando se inicie la campaña española.
Asaja Alicante ha denunciado lo que considera «escasa moralidad y compromiso de las cadenas de Gran Distribución y supermercados con los productores españoles y los consumidores europeos al rechazar la compra de las primeras mandarinas españolas, hundiendo el inicio de la campaña, mientras aprovisionan sus cámaras frigoríficas de forma masiva de mandarinas de Sudáfrica».
Según esta asociación, las mandarinas procedentes de aquel país «ni cumplen los estrictos requisitos fitosanitarios, medio ambientales, ni laborales europeos, además de estar tratadas con sustancias que en nuestro continente no se permiten por ser perjudiciales para la salud«.
En pleno inicio de campaña de la clementina valenciana, las variedades de primera estación como la Clemenrubí, la Orogrós o la Oronules «han sido sentenciadas por las Grandes Cadenas de Distribución, que se están negando a comprar producto español mientras que, por otro lado, se aprovisionan masivamente de mandarinas sudafricanas», ha afirmado Asaja Alicante.
Esta situación, ha señalado, ha generado que «los árboles de nuestros campos se encuentran llenos de fruta madura sin ninguna operación de venta y corte a la vista».
«No se vende ni una. Los supermercados no quieren clementinas españolas mientras queden mandarinas de Sudáfrica«, ha dicho el presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu.
Según Andreu, «las grandes cadenas de supermercados están llenando sus cámaras frigoríficas de mandarinas del continente vecino, con lo que es posible que dispongan de stock todo el mes de octubre y no se plantean comprar cítrico español».
«Eso significa echar a perder la venta de las primeras variedades de mandarinas españolas, colapsar la campaña y provocar el mal desarrollo de la misma, influyendo negativamente en el precio y salida de las variedades de media estación, como las Clemenules», ha advertido Andreu, para quien «de seguir esta tendencia, estaremos ante la sentencia de muerte de las clementinas valencianas».
Ante esta «grave situación» en la que se inicia la campaña citrícola española, Asaja exige que la UE aproveche la oportunidad para, en la revisión del Acuerdo con Sudáfrica, prevista para octubre próximo, lleve a cabo una renegociación de las condiciones y establezca cláusulas de salvaguarda, «imponiendo aranceles y prohibiendo la llegada de cítricos del continente vecino cuando se inicie la campaña española».
Asaja ha instado al president de la Generalitat, Ximo Puig, y al Gobierno de España a que «defiendan a los agricultores valencianos ante la competencia desleal de las grandes multinacionales que operan en la importación de fruta de terceros países».
A este respecto propone establecer «cláusulas de salvaguarda que garanticen una competencia justa y recíproca, y mecanismos que eviten el bloqueo de los mercados a nuestros cítricos ante la importación incontrolada de terceros países».
«Que se ponga fin a la etapa de liberalización de la UE frente a productos de terceros países. Es fundamental, en este momento histórico, contener la competencia desleal de países como Sudáfrica, pero también otros como Egipto, Turquía o Marruecos», ha expuesto Andreu.
Por otra parte, Asaja ha denunciado «una practica que en los últimos días se está observando en grandes cadenas de supermercados», consistente en «tratar de generar confusión en el consumidor con respecto a la procedencia y origen de los cítricos a través de una rotulación engañosa».
«Estamos viendo en los supermercados carteles en colores llamativos que rezan: ‘Naranja nacional de Valencia’ o ‘Naranja Nacional. Origen: España’, junto al precio en grande del producto, y dentro de la caja de la propia fruta encontramos un papel muy pequeño con la variedad del cítrico y origen: Sudáfrica o, lo que es lo mismo, R.S.A», ha dicho Andreu.
Para Asaja, esto es, cuanto menos, «publicidad engañosa», por lo que, a su juicio, la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) «debería imponer las sanciones correspondientes por confundir a los consumidores y no mostrar una información clara».
