El Ministerio de Trabajo ha acogido este lunes la primera toma de contacto entre Díaz, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, las asociaciones de consumidores y las patronales de las grandes cadenas de distribución -Anged, ACES y Asedas-, a las que señalan para hacer «un esfuerzo», al tratarse de empresas que tienen «márgenes».
La propuesta de Díaz, que ella considera «absolutamente legal», se dio a conocer la semana pasada y consiste en que hasta después de Navidad las grandes cadenas ofrezcan ofertas comerciales para garantizar una cesta de la compra saludable y variada a precios congelados, con alternativas también para los celíacos.
Según han explicado al término de este primer encuentro, la idea seguirá desarrollándose en una reunión de trabajo más extensa cuando la vicepresidenta vuelva del encuentro del G-20.
Díaz ha salido al paso de la oposición a su iniciativa del pequeño comercio, del que se ha definido como «usuaria y defensora a ultranza» y ha asegurado que Carrefour, que desde hoy ha dispuesto una cesta a 30 euros sin productos frescos, se ha comprometido a estudiar la idea por la que apuestan desde Trabajo y Consumo.
LA DISTRIBUCIÓN
Las patronales de la distribución, en cambio, han considerado que la propuesta de Díaz puede distorsionar el mercado y, en su lugar, han pedido la bajada de impuestos como el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), abaratar la energía y evitar normativas que impongan costes adicionales.
El director general de la patronal de supermercados Asedas, Ignacio García Magarzo, ha asegurado que el análisis realizado por la vicepresidenta del Gobierno sobre un problema de márgenes de beneficio «no tiene la base científica suficiente», como tampoco es «buena» la idea de elaborar una cesta básica común porque «no es coherente con la estructura de la distribución comercial española».
«El mercado está muy repartido y mucho menos concentrado que en otros países. No se trata de hacer un acuerdo con algunas grandes distribuidoras, sino que hay que implicar a cien cadenas de supermercados y al comercio especializado de alimentación, que es el líder en fresco», ha apuntado García Magarzo, en representación de Mercadona, Lidl, DIA y otras enseñas regionales.
El vicepresidente de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged) -como El Corte Inglés-, Javier Millán-Astray, ha lamentado que se estén «arrojando sombras sobre el comportamiento de la distribución, que está siendo responsable».
Según Millán-Astray, el sector está realizando un «esfuerzo extraordinario» para no trasladar a los consumidores todos los costes de los diferentes eslabones de la cadena, incluidos los mayores precios de la energía, los cereales, los fertilizantes o los envases.
El presidente de la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES) -que agrupa a Carrefour, Alcampo y Eroski-, Aurelio del Pino, ha apuntado que el sector tiene «un marco jurídico muy limitativo con la ley de la cadena alimentaria», que obliga a garantizar a los proveedores el cumplimiento de los costes de producción.
«Cada consumidor puede encontrar la cesta que mejor se ajuste a sus necesidades de acuerdo con la política comercial de cada empresa», ha subrayado Del Pino.
LOS CONSUMIDORES
Por parte de los consumidores han estado presentes en la reunión organizaciones como Facua, que ha pedido al Gobierno que aplique la ley de comercio y fije precios máximos a los alimentos básicos o topes a los márgenes de comercialización de la distribución.
Según Facua, la ley de ordenación del comercio minorista permite al Gobierno, «previa audiencia de los sectores afectados», fijar los precios o los márgenes de comercialización de determinados productos y someter sus modificaciones a control o a previa autorización administrativa «cuando se trate de productos de primera necesidad o de materias primas estratégicas».
Ni el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ni la titular de cartera de Comercio e Industria, Reyes Maroto, ni los representantes del comercio minorista han participado en este encuentro
