Esta solicitud se ha llevado a cabo a causa de las políticas promovidas por la Unión Europea de reducir el uso de fitosanitarios y de las negativas del uso de este producto que, para los agricultores, “más eficacia mostraba contra el cotonet”, producto a base de Metil Clorpirifos.
La Unió ha defendido la necesidad de apostar por métodos naturales biológicos “pero con una inversión suficiente” para eliminar dicha plaga, por lo que ha considerado que es necesario reforzar presupuestos en materia de sanidad vegetal de las administraciones para implantar sistemas “como las feromonas o la cría masiva y más rápida del parásito Anagyrus aberiae y un mayor número de sueltas”.
La asociación ha afirmado que es necesario destinar recursos para reforzar la red pública de insectarios y de los centros de investigación, ya que si no se llevan a cabo estas medidas, el control de plagas será ineficaz y ocasionará daños económicos “irreparables”.
Por otra parte, la organización se ha referido a las palabras del ministro de Agricultura, Luis Planas, que comentó la importancia de adoptar un plan frente a esta plaga mediante sustancias no tóxicas, además del uso de productos fitosanitarios alternativos, organismos de control biológico y métodos biotecnológicos de control poblacional mediante la feromona de la plaga.
Lucha contra el cotonet
El secretario general de La Unió, Carles Peris, ha lamentado que las palabras del ministro “no se trasladan a la realidad». «Desconocemos cuánto dinero emplea el Ministerio en la lucha contra el cotonet”, según Peris, quien ha explicado que los únicos datos conocidos por ellos son “la apuesta de la Conselleria de Agricultura y de la Diputación de Castellón para combatir la plaga”, pero del Gobierno central se desconocen.
Además, Peris ha puntualizado que a causa de unos protocolos de importación “demasiados laxos y un control deficiente en los Puestos de Inspección Fronterizos europeos”, puestos que para el secretario general carecen de criterios de inspección unificados, provoca que los agricultores deban de incrementar los costes productivos “para luchar contra las plagas y afrontar una merma de cosecha».
La Unió prevé la posibilidad de reclamar daños patrimoniales a las administraciones ante la introducción de plagas “por deficiencias en los controles y en los protocolos existentes”.
A su juicio, los perjuicios sufridos son “cada vez mayores para los productores, quienes sin ser culpables se convierten en los principales perjudicados”.
