La Federación de Productores-Exportadores de Frutas y Hortalizas (Fepex) ha manifestado este miércoles que los cambios legislativos en el ámbito nacional y comunitario «amenazan» la competitividad de las explotaciones, en un entorno en el que exportación y consumo bajan y la importación crece.
Los responsables de las asociaciones de las principales zonas de producción hortofrutícola han mostrado su preocupación por la situación del sector en la comisión de gobierno de Fepex, celebrada en Madrid esta semana y cuyos resultados se han difundido este miércoles en un comunicado.
Fepex ha recordado que el comercio exterior hortofrutícola hasta el mes de agosto muestra un descenso del volumen exportado del 6,5% en relación al mismo periodo del año anterior, mientras que la importación creció un 9 %, en línea con el crecimiento del 7% registrado en todo el año de 2022.
En cuanto al consumo, en 2023 ha caído un 2% hasta el mes de agosto, siguiendo el retroceso de 2022 que se situó en un 12,5%, según la misma fuente.
Los productores y exportadores de frutas y verduras han criticado el reglamento de la Unión Europea sobre uso de fitosanitarios, rechazado por la Eurocámara.
También han compartido la decisión del Parlamento Europeo de rechazar uno de los puntos incluidos en la propuesta de reglamento sobre envases, que exigía la obligatoriedad de la venta a granel en formatos por debajo de 1,5 kilos; sin embargo este proyecto legislativo entra ahora en su fase de negociación final.
Fepex también ha mostrado inquietud por la Ley de Restauración de la Naturaleza y en especial sobre el contenido del futuro Plan Nacional de Recuperación de la Naturaleza. Y ha recalcado que debe contemplar su sostenibilidad social y económica y una producción competitiva que garantice también la seguridad alimentaria.
Sobre el SMI
Los exportadores también han lamentado la nueva subida del SMI anunciada por el Gobierno, además de sus intenciones sobre la reducción de la jornada laboral.
Por otra parte, han manifestado la «enorme preocupación» ante la falta de mano de obra existente en el conjunto del sector hortofrutícola y la necesidad de recurrir a la contratación de trabajadores migrantes en origen de temporada por un mayor número de empresas.