Frutos rojos

Interfresa se suma a la propuesta para regularizar 2.500 inmigrantes

En el sector de los frutos rojos, ha añadido, existe "un compromiso con el cumplimiento escrupuloso de las leyes laborales y con la dignificación del trabajo agrícola".

  • natural-tropic

La Interprofesional andaluza de la Fresa y los Frutos Rojos, Interfresa, se ha sumado a la propuesta impulsada por CCOO de solicitar al Gobierno central un proceso de regulación para las 2.500 personas inmigrantes en situación irregular que viven en los asentamientos chabolistas de la provincia de Huelva.

Esta propuesta, ha indicado la interprofesional «evidencia el compromiso de la industria agraria con los principios éticos, legales y sociales como sector responsable y comprometido con la sociedad«, ya que permitiría que estas personas en situación irregular puedan conseguir un empleo digno y acceder a servicios públicos como atención médica, educación y vivienda en alquiler.

«Desde Interfresa respaldamos todas las iniciativas que fomenten la inclusión social y laboral, creyendo en algunos casos necesaria la implementación de políticas y programas que permitan la capacitación y el acceso a empleos dignos en el sector agrícola«, ha declarado Pedro Marín, director gerente de Interfresa.

En el sector de los frutos rojos, ha añadido, existe «un compromiso con el cumplimiento escrupuloso de las leyes laborales y con la dignificación del trabajo agrícola«, por eso «es necesaria la intervención de la Administración pública -y más concretamente del Ministerio de Trabajo y Economía Social- para cambiar la situación de las personas que viven en los asentamientos».

«La falta de trabajadores y trabajadoras en el sector agrario, y más concretamente en el sector de los frutos rojos, es un problema histórico que requiere de soluciones«, ha precisado.

Por ello, considera que «la regularización de estas personas y su incorporación al empleo agrícola ayudaría a cubrir las necesidades que las empresas tienen de mano de obra al tiempo que contribuiría a generar unas condiciones de vida dignas y plenas para las personas que malviven en los asentamientos».