Estos cambios han sido aprobados en Consejo de Ministros a petición del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y se publicarán «de manera urgente» para que se apliquen cuanto antes a los beneficiarios de estas ayudas, superiores a los 250 millones de euros anuales en el caso del sector hortofrutícola y de 210 millones en el caso del vino.
En el régimen de ayudas a través de organizaciones de productores de frutas y hortalizas, se ha dado luz verde a conceder más «flexibilidad» este año en los controles de reconocimiento a estas entidades y permitirles «diferir» la comunicación de información.
Además, dejará que cada organización de productores pueda «delegar en órganos más dinámicos la toma de decisiones sobre los programas operativos», y ser así «más ágiles» a la hora de ejecutarlos.
En el sector del vino, del lado del viñedo se pretende «evitar que los agricultores vean mermados sus derechos, tras haberse visto abocados a inevitables retrasos en los procedimientos de autorización y haberse enfrentado a dificultades para realizar las labores del cultivo».
Para conseguirlo se retrasan al 4 de mayo de 2021 algunos plazos del procedimiento de concesión de autorizaciones de nuevas plantaciones.
En cuanto al Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español (Pavse), se han adoptado medidas referidas a las ayudas a la promoción en terceros países, reestructuración y conversión.
El Ejecutivo ha considerado que «mediante la inclusión de la fuerza mayor se aporta más seguridad jurídica a las entidades gestoras de las diferentes medidas a la hora de resolver expedientes, además de facilitar el acceso a la ayuda a los beneficiarios».
El texto legislativo aprobado recoge además «modificaciones de tipo técnico para contribuir a equilibrar la oferta y la demanda de algunos productos, así como adaptar determinadas inversiones de los programas operativos a la evolución del sector hortofrutícola».
