Como ha venido informando Fenadismer, el Paquete de Movilidad aprobado por la Unión Europea en junio de 2020 introdujo importantes novedades que afectan a diferentes ámbitos del transporte por carretera, con el objetivo de lograr un mercado europeo de transporte con reglas más justas y armonizadas en materia social, laboral y fiscal y reduciendo las distorsiones de la competencia que hasta ahora se venían produciendo.
Así, entre otras regulaciones, el pasado mes de febrero entró en vigor la nueva regulación sobre desplazamiento de conductores entre países de la Unión Europea, que permitirá luchar mejor contra las denominadas empresas buzón y la competencia realizada por empresas sujetas a condiciones salariales más ventajosas.
La nueva regulación exige que las empresas transportistas que realicen transporte internacional deberán registrar todas sus operaciones de transporte internacional o de cabotaje, con excepción de los trasportes en tránsito así como a los transportes bilaterales.
De este modo, las aproximadamente 30.000 empresas transportistas españolas que actualmente realizan transporte internacional en la Unión Europea, incluidas las que poseen vehículos de más de 2´5 tns desde el pasado mes de mayo, deben registrarse en la Plataforma telemática denominada IMI, gestionada por la Autoridad Laboral Europea.
La entrada en vigor de la nueva regulación europea supuso la derogación automática de las anteriores regulaciones nacionales que existían en muchos países (Alemania, Francia, Italia, Austria y otros) que obligaban a las empresas de transporte a registrarse en sus países nacionales, como por ejemplo la regulación existente en Francia que coloquialmente se denominaba Ley Macron, que entre otros requisitos, obligaba a designar un representante legal en el país galo para todos los transportistas extranjeros que hicieran transporte con dicho país. Sin embargo, a Fenadismer han llegado numerosas quejas de transportistas españoles de que en algunos Departamentos franceses aún la gendarmería continúa sancionando por no acreditar que se posee el citado representante, con la consiguiente multa que debe abonarse en el momento al tratarse de una sanción impuesta a un no residente.
Ello ha llevado a Fenadismer a denunciar esta ilegalidad ante la Autoridad Laboral Europea, la cual se ha comprometido a actuar ante las autoridades francesas para corregir dicha actuación contraria a la normativa europea.
