Por eso, pese a que en el Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que aprobó hace unas semanas se retiró tal propuesta, que sí se incluía en los primeros borradores de la norma, finalmente y “de tapadillo” el Gobierno ha sucumbido a los encantos de la industria automovilística, incluyendo finalmente dicha medida en el Plan de Impulso al Sector Automovilístico anunciado este lunes por el Presidente del Gobierno y que será aprobado previsiblemente este martes en Consejo de Ministros.
Así, en el apartado titulado “Inversiones para impulsar la competitividad y la sostenibilidad”, endulzándolo junto a una posible línea de avales del ICO para la financiación en la compra de camiones, añaden en la coctelera de medidas la relativa a la mejora de la competitividad de la logística, considerando como tal exclusivamente “la utilización de camiones de 4,5m de altura y 44 toneladas, tipología que supone mayor carga por viaje”, algo evidente por otra parte, aunque sin reflejar para nada los perjuicios tanto desde el punto de vista técnico como económicos y sociales que la medida implica. El objetivo sería implantarla antes de Mayo del próximo año según recoge el Plan.
Sin embargo, FENADISMER considera que la actual situación de crisis económica motivada por el covid-19 no parece ser el momento más adecuado para introducir ponerla en marcha, teniendo en cuenta que la práctica totalidad de los autónomos y empresas de transporte se han visto afectadas con una reducción significativa de su actividad, que previsiblemente se va mantener en los próximos meses como consecuencia de la situación de recesión económica que sufre nuestro país, por lo que lejos de conseguir mayor eficiencia lo que produciría es un agravamiento de la situación de sobredimensionamiento y precariedad del sector.
Además FENADISMER recuerda que la implantación de dicha medida en los pocos países europeos que la tienen en vigor (sólo 8 de los 27 Estados miembros de la UE) no ha supuesto mejora económica alguna para el transportista, ni para el sector en su conjunto. Prueba de ello fue la experiencia piloto puesta en marcha hace 7 años en Cataluña implantando las 44 toneladas a nivel autonómico, cuyo resultado para los transportistas no resultó beneficioso, lo que motivó su derogación tras tan sólo 21 meses en vigor.
Por ello, si finalmente el Gobierno aprobara dicha medida, FENADISMER lo consideraría como una “provocación” real para el sector del transporte, frente a la cual se daría una respuesta contundente de rechazo que tal afrenta supone para la viabilidad de las cien mil empresas transportistas que en la actualidad operan en España.
