Así figura en el informe anual de la entidad Agroseguro, una alianza de 22 compañías aseguradoras que se encarga de gestionar este sistema en España y cuyo presidente, Ignacio Machetti, defiende la necesidad de aplicar «ajustes» para poder mantener el modelo.
«En los últimos siete años se han registrado los tres peores ejercicios con diferencia de las cuatro décadas de existencia del seguro agrario. Si se trata de un nuevo entorno estructural y si el cambio climático podría ser el responsable es difícil de asegurar, pero está claro que estos registros tienen que producir ajustes en las condiciones de los seguros», ha advertido.
De hecho, para compensar los «excesos de siniestralidad» se ha vuelto a recurrir a los instrumentos previstos para ello, lo que ha provocado la reducción de los fondos destinados a reservas.
En 2018 el importe pagado por el sistema debido a la siniestralidad ascendió a 755 millones de euros, un 2,31 % más que un año antes.
De los 1,69 millones de siniestros registrados (+5,5 %), 1,45 millones fueron por retirada y destrucción de animales muertos en la explotación, 130.851 corresponden a seguros agrícolas y 109.835 se produjeron en ganado.
Los sectores con mayores aumentos de siniestros fueron los frutales (+220 %), debido al efecto del pedrisco, y las producciones hortícolas (+135 %).
De acuerdo con sus datos, se registraron más de 419.000 pólizas en España correspondientes a estos seguros agrarios, con un valor de producción asegurada superior a los 14.000 millones de euros y unas primas -es decir, el importe total abonado por la suscripción del seguro- de 738 millones.
Las cuentas de Agroseguro, por su parte, cerraron 2018 con un beneficio neto de 599.400 euros, un 38 % menos que en 2017, mientras que su facturación subió un 2,9 %, hasta los 23,1 millones de euros.
La entidad cuenta con Mapfre como mayor accionista, con una participación del 20,17 %, seguido por Agropelayo (18,12 %), Caser (16,6 %) y Seguros RGA (13,76 %).
