España es el país europeo con más superficie ecológica (2,44 millones de hectáreas en 2020) de la Unión Europea (UE) y el tercero a nivel mundial, tan solo por detrás de Australia (35,69 millones de hectáreas) y Argentina (3,67 millones).
A pesar de ello, a día de hoy solo el 10 % de la superficie agrícola española se dedica a producir alimentos orgánicos, un porcentaje aún muy alejado del 25 % que la Comisión Europea (CE) ha fijado en el Pacto Verde como objetivo para 2030 en el territorio comunitario.
El «punto débil» del sector ecológico español, como lo ha calificado el consejero principal de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la CE, Diego Canga, es el consumo ecológico -53,41 euros per cápita en 2020-, ya que se situá muy por debajo de la media comunitaria, que alcanza casi los 84 euros.
El sector ecológico español, muy vertebrado y con una sólida experiencia que data de hace más de 30 años, no se muestra conforme con todos los cambios que se han establecido en Bruselas y en Madrid para el futuro de su actividad.
En líneas generales, es prudente sobre que se pueda conseguir en Europa el «Modelo Agroalimentario Ecológico» en el horizonte 2030 si no va acompañado de más fondos públicos tanto para la producción como para el trasvase de agricultores convencionales a las prácticas ecológicas certificadas o el impulso del consumo de alimentos bio.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) publicó el pasado mes de diciembre la proyección de un «escenario sectorial» en el supuesto de cumplirse que el 25 % de la superficie agraria útil (SAU) del España estuviese bajo el modelo de producción ecológica.
En una década, debería aumentar un 142 % la superficie ecológica calificada; un 125 % el número de operadores en el sector; un 108 % el volumen y el valor de la producción; un 100 % el gasto per cápita en productos bio y un 211 % las exportaciones, entre otras magnitudes.
«A lo largo de 2022», el MAPA tendrá en marcha la nueva «hoja de ruta nacional» para la agricultura ecológica, con medidas prioritarias, como el incremento de la promoción para fortalecer el consumo interior y la elaboración de informes y estadísticas para la toma de decisiones de los operadores, según han confirmado a Efeagro fuentes ministeriales.
Desde el ámbito técnico y científico, la responsable de Proyectos Internacionales de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE), Aina Calafat Rogers, ha incidido en la necesidad de que el Plan Estratégico de España para implementar la PAC 2023/27 incluya un «ecoesquema específico» para el sector en su primer pilar.
Tal y como está ahora redactado, la producción ecológica solo se podrá financiar con el segundo pilar de la PAC y «va a tener menos ayudas a partir de 2023», lo que puede hacer que «España se quede atrás, siendo puntera en Europa, y haga imposible llegar a ese 25 %» de superficie agrícola que postula Bruselas.
Desde Vida Sana -la entidad pionera en el impulso de la producción y certificación ecológica en España-, su secretaria, Montserrat Escutia, ha reconocido que ahora es un «momento histórico» para cambiar el modelo de alimentación europeo de la mano de las estrategias De la granja a la mesa y Biodiversidad del Pacto Verde.
«Sobre el papel, todos saben en la UE que el modelo sobre consumo de proximidad y de temporada, desperdicio, envases y producción ecológica tiene que cambiar», pero, cuando llegamos a España, chocamos con un muro», ha sentenciado.
Escutia ha reclamado cambios al Ministerio de Agricultura, para que en los próximos años sea posible una convergencia al alza de los objetivos de superficie ecológica en todo el país, ya que su desarrollo es muy dispar según cada región.
Ha puesto como ejemplo que hay «comunidades autónomas muy proactivas» en materia de producción ecológica -Andalucía, Cataluña, Navarra o Comunidad Valenciana-, que se acercan ya a ese 25 % de la SAU, mientras que otras como Aragón, Asturias o Cantabria no llegan ni al 5 %.
Ha mencionado la importancia de la agricultura ecológica para la fijación de la población joven y de mujeres en el medio rural, ya que la edad media en esta actividad es mucho menor que en la agricultura convencional.
El presidente de Ecovalia, Álvaro Barrera, ha criticado que el Reglamento europeo 2018/848 sobre producción ecológica, que ha entrado en vigor el pasado 1 de enero, haya sido «sesgado por un único país, Francia, más consumidor que productor» de orgánicos, y que «el sector español ni lo ha pedido ni está preparado» para aplicarlo.
A su juicio, abre la puerta a la venta directa de productos ecológicos sin certificar de explotaciones pequeñas, faltan aún herramientas o una guía para su aplicación y control y no ha resuelto uno de los grandes problemas del sector, ya que no regula la certificación de fertilizantes y fitosanitarios.
Barrera considera que la producción ecológica se podría beneficiar de varios de los siete ecoesquemas propuestos en España, donde el agricultor por ahora solo podrá elegir uno de ellos, y demanda más fondos a través del segundo pilar para que el sector siga siendo líder en superficie y sea factible llegar al 25 %.
La presidenta de Intereco, Sandra Verdú-Bütikofer, ha confirmado que las 15 autoridades públicas de control y certificación ecológica que hay en España -todas de carácter regional- pueden operar ya conforme al Reglamento 2018/848, pese a que «gran parte de la legislación secundaria se ha publicado en el último trimestre de 2021» y «faltan aún algunas normas para las nuevas producciones».
Esta circunstancia ha supuesto «un reto» a la hora de implantar las modificaciones, que son «más burocráticas que de contenidos, ya que los cambios reales no son muchos respecto a la anterior normativa, pero sí en cuanto a estructura, procedimientos y formatos», ha puntualizado.
