El movimiento del presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, de presentar alegaciones ante el Consejo de Estado por el incremento del caudal ecológico del Trasvase Tajo-Segura, con todas sus consecuencias, ha provocado la reacción del Gobierno murciano, del popular Fernando López Miras.
El Gobierno murciano presentará alegaciones ante el Consejo de Estado contra el borrador de Real Decreto del Plan Hidrológico del Tajo por «su falta de consideración económica y ambiental, además de por la falta de transparencia en su tramitación», según ha informado en nota de prensa.
El Plan del Tajo establece nuevos caudales ecológicos del río a su paso por Aranjuez, que afectarán a la cantidad de agua que se trasvase el Segura, y que ha sido calificado como «excesivo» por parte del Ejecutivo regional, y supone, por tanto, una situación “insólita y que viene a demostrar que el único objetivo del Gobierno de España es cerrar el Trasvase Tajo-Segura, pasando por encima de cualquier criterio técnico y jurídico”.
Así, la Comunidad ha señalado que «confía que puedan ser oídas las alegaciones» sobre el proyecto y que sean tenidas en consideración por el Consejo de Estado antes de la emisión de su preceptivo informe, cuya fecha de publicación no deberá ir más allá del 20 de enero.
En consonancia con el Gobierno regional, el presidente el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), Lucas Jiménez, ha alertado de que dicha medida va a provocar «8.000 despidos en las tres regiones afectadas» y numerosos daños medioambientales y socioeconómicos, como «la perdida de 27.000 hectáreas del cultivo más eficiente y sostenible de Europa».
