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Cítricos

El CGC acusa a los sindicatos de castigar a la citricultura valenciana

Con el acuerdo actual y a falta añadir la revisión ofrecida para los cuatro años de vigencia (2023-2026), el de collidors tiene un salario bruto entre un 23,8 y un 27,6% más alto que el de cualquier acuerdo del resto de zonas citrícolas del país

El Comité de Gestión de Cítricos (CGC) lamenta la actitud “irresponsable e incoherente” que han mantenido los sindicatos durante el corto proceso de negociación para la renovación del Convenio de Collidors de la Comunitat Valenciana. Tras sólo cuatro reuniones efectivas y 10 horas de conversaciones, la mediación ejercida hoy en el Tribunal de Arbitraje Laboral (TAL) sólo ha servido para constatar la distancia que aún existe entre las partes. “Lo que para los sindicatos fue bueno hace sólo unas semanas en Andalucía, no lo es en el caso de la Comunitat Valenciana, que partía de una situación –la del actual convenio- mucho mejor que en los acuerdos suscritos recientemente para la recolección en el resto de zonas citrícolas del país”, señala a este respecto Inmaculada Sanfeliu, presidenta de la asociación del comercio privado que ostenta la mayoría en la representanción de la patronal, donde también está presente Cooperatives Agro-Alimentàries de la CV.

Efectivamente, partiendo de los salarios brutos del actual convenio y sin considerar las mejoras puestas sobre la mesa por el CGC para los años venideros (de 2023 a 2026) –que agrandarán esta brecha- el actual Convenio de Collidors resulta ser un 23,8% más generoso que el de Tarragona, un 26,6% más que el de Sevilla y un 27,6% más que el de Murcia.

O dicho de otro modo: la posición de UGT y CCOO está agravando el trato de favor que ya se venía dando con respecto a las citriculturas que más han crecido en los últimos tiempos –la andaluza y murciana- y penaliza más si cabe a la valenciana que, a causa del minifundismo, tiene los costes de producción más altos del mundo.

Convenio

El Convenio de Recolección de Cítricos de la Comunitat no resiste comparación alguna con ningún otro hortofrutícola del país. En primera instancia por su propia singularidad histórica –porque es el único en el que es el comercializador y no el propietario de la explotación, el que se hace cargo de la recolección- y en segunda porque partía ya –antes de empezar las conversaciones para renovarlo- de la posición más ventajosa para los trabajadores de todos los acuerdos hortofrutícolas del país.

Lo hacía no sólo en cuanto al salario bruto de partida, o los aumentos ahora ofertados para los cuatro años de vigencia, sino también gracias a las clásulas de revisión salarial ofrecidas en función de la evolución del IPC. Ninguno de los tres convenios de referencia en el sector citrícola tienen tal cosa: ni el del Campo de Sevilla –pactado hace pocas fechas por CCOO-; ni el de Recolección de Cítricos de Murcia –suscrito en julio de 2021- ni menos aún el del Campo de Huelga, cuya negociación está paralizada y que sólo puede garantizar el SMI. Mejor parado sale si se relaciona con otros agrarios, que contemplan labores para la recolección bastante más sacrificadas que la de los cítricos (para hortalizas, por ejemplo). Valga como ejemplos los agropecuarios de la provincia de Alicante, que no cuenta con actualización en función de la inflación para los recolectores.

El CGC tampoco entiende –más allá de razones políticas y no laborales-  el empecinamiento con el que los sindicatos se oponen a que las cuadrillas puedan ser llamadas de manera conjunta, arbitrando algún sistema para determinar el orden de llamamiento de las mismas (lo que obliga a los operadores a convocar uno a uno a cada trabajador). Tal modo de trabajar es ineficiente e incluso amenaza con provocar conflictos entre trabajadores de diferentes orígenes. “Las cuadrillas se organizan por sí solas, agrupadas en función de la nacionalidad de sus integrantes, con la misma cultura y lengua pues la mayoría son inmigrantes. Ellos se organizan, eligen sus miembros en función de cómo se acoplan los unos a los otros y para planificar cuestiones como el transporte hacia el campo. Defender otra cosa es no conocer cómo funciona este sector y cómo quieren trabajar los recolectores”, inisite Sanfeliu.

En parecido sentido, la patronal del comercio privado cuestiona las razones del rechazo a plantear diferentes incrementos anuales en función de si el trabajo se realiza a destajo o a jornal. El CGC desmiente que exista una estadística para conocer el porcentaje de los campos que se recogen con la primera modalidad citada, aunque sí reconoce que son la mayor parte. La opción de trabajar a destajo, con todo, de-pende de la situación del mercado y está ya acotada a que no concurran determinadas circunstancias  (es imposible hacerlo en segundas pasadas, si la báscula está muy alejada del tajo, si el campo está embarrado, en plantaciones muy densas, con poca producción o difícil acceso…).

Rendimientos

En todos estos casos se irá a jornal y sin tener en cuenta los rendimientos mínimos. Superando en algo tales rendimientos (marcados según variedades y que son relativamente sencillos de lograr) una cuadrilla ganará en la inmensa mayoría de oca-siones más dinero al finalizar la jornada. De ahí que considere que la postura sindical probablemente diferirá con la de los propios trabajadores, “que normalmente prefieren –con las limitaciones horarias ya reguladas para la jornada- la opción que les permita ganar más dinero durante el mismo tiempo”, señala Sanfeliu.