Estas asociaciones han coincidido en hacer un balance poco halagüeño de un año en el que la Ley de la cadena alimentaria no ha terminado de funcionar correctamente y el consumidor ha visto como su cesta de la compra se ha encarecido más del 15 % mientras en el campo han desaparecido explotaciones por falta de viabilidad económica.
El Gobierno quiere ahora controlar la inflación de los alimentos, pero «no puede hacerse a costa de la producción ni de negar la realidad de lo que cuesta producir realmente», ha apuntado a Efeagro el director general de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Gabriel Trenzado.
Ha considerado que, para ello, «las administraciones necesitan ver la situación en su conjunto y de manera coherente».
En su repaso del año, ha explicado que la invasión de Ucrania ha multiplicado los efectos y la incertidumbre por el espectacular aumento de la energía y la menor disponibilidad de materias primas, que ha provocado una «subida media anual de los costes de producción cercana al 30 % -y del 200 % en el caso de los fertilizantes-«.
Trenzado ha citado que han echado de menos de las administraciones públicas «comprensión y diálogo en relación con la sostenibilidad medioambiental, competencia que recae directamente en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico» (Miteco).
El secretario de Organización de Asaja, Juan José Álvarez, ha planteado sus críticas a las actuaciones del Gobierno en materia agraria, en un «año muy complicado» por la sequía, la subida de costes, la inflación y una futura PAC que a esta organización «no le gusta» y de la que demanda que se flexibilicen los eco-regímenes.
«Aunque ha habido un diálogo fluido con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), nos han dado hecha la norma y hemos echado en falta más capacidad de consulta sobre ella».
Ha añadido que «el desarrollo normativo a lo largo de 2022 del Plan Estratégico español para la PAC (Pepac), que entra en vigor el 1 de enero, ha sido muy lento» -hasta el 15 de diciembre el Congreso no lo ha aprobado- «y aún quedan reales decretos por publicar»: «el agricultor ha tenido que sembrar sin saber qué va a pasar».
Del Miteco ha lamentado su posición frente al aumento de muertes de ganado por lobos o la ausencia de políticas hidráulicas y de regadío eficientes, y del Ministerio de Trabajo, su desconocimiento de la actividad agraria a la hora de plantear la contratación en la nueva reforma laboral y las subidas del salario mínimo (SMI).
El secretario general de COAG, Miguel Padilla, ha recordado que el alza de costes de producción comenzó ya en el segundo trimestre de 2021 y que la guerra en Ucrania ha agudizado esa «especulación» sobre los precios de la energía y carburantes.
