La siembra de ajo temprano que ya se ha desarrollado estos meses atrás ha estado condicionada por la falta de agua y los costes elevados de la energía, los arrendamientos y la falta de mano de obra.
La superficie se podría ver reducida en un 25 por ciento, según la Asociación Nacional de Productores y Comercializadores de Ajo (Anpca).
El escenario no ha sido fácil y la Anpca se ha alineado con la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas vivas (Fepex) en pedir al Gobierno español una «moratoria» de la entrada en vigor del marco regulatorio nacional y comunitario que va a afectar a la actividad hortofrutícola a partir de 2023.
De él ha mencionado la aplicación de las leyes de envases, de reducción de uso de fertilizantes y de contratos agrarios, así como el sistema de información de explotaciones agrarias (SIEX) o la gestión de la nueva PAC con sus ecorregímenes.
Ha añadido que este paquete normativo junto a la estrategia De la Granja a la Mesa emprendida por Bruselas «están llevando al limite la posibilidad de cultivar ajo en Europa» por la «complejidad burocrática con la que se está cargando al sector que, lo único que quiere, es producir alimentos».
«Si el gobierno de España y la Unión Europea no aplican la moratoria del marco regulatorio, lamentablemente tememos que miles de agricultores abandonen no solo el cultivo del ajo, sino el campo español en los próximos años«, señalan desde el colectivo del ajo.
