Así lo ha expuesto en una rueda de prensa el consejero delegado de Coexphal, Juan Colomina, quien ha aseverado que «la batalla diaria de los productores y cooperativas de Almería es bajar el coste unitario, el coste producción por kilo y el del manipulado como una de las vías de aumentar» la rentabilidad.
«Esta Ley consigue lo contrario» y supone «décadas de trabajo tiradas a la basura», según Colomina, quien asevera que las organizaciones y eslabones del sector no han pedido «nunca» un precio mínimo».
Por el contrario, aboga por potenciar las interprofesionales en las que estén representadas «todas las organizaciones de la cadena de valor» para que en su seno se pueda «regular negociando las condiciones en las que se desarrolla el trabajo sectorial», incluyendo a productores, comercializadoras en origen y en destino, y «en su caso, consumidores y la restauración del Canal Horeca».
Ha mantenido que la redacción, «bastante farragosa», de esta Ley publicada en febrero en el BOE permite el establecimiento de este precio mínimo, apuntando que, de acuerdo a la misma, cuando no se puede vender por debajo del coste de producción de agricultores o ganaderos, pero que cuando no hay datos de éstos, se tiene que «echar mano del coste estadístico publicado por el Ministerio».
Ha señalado que, por ejemplo, el coste establecido por el Ministerio para el tomate de invernadero, que «obviamente no está actualizado», es de 66 céntimos por kilo, lo que provocaría que «gran parte de la producción de Almería» no se pudiese vender. En este sentido, ha recalcado que hasta ahora, los agricultores podían compaginar meses en los que vendan por encima del coste de producción, con otros por debajo, para poder dar salida a todo su género.
«Una vez establecido el coste de producción con todos los insumos o el estadístico del Ministerio, ya funciona como un precio mínimo y ningún sucesivo operador podrá pagar un precio inferior. Funciona como un arpón, una vez que entra, no puede salir», ha manifestado.
Así, resalta que puede parecer que no afecta a los productores, pero que sí lo hace porque el «comprador va a abstenerse de comprar para no arriesgarse a una sanción siempre que corra riesgo». «Eludirá esto, bien sea superando el coste del Ministerio o bien exigiendo al productor, cooperativa o cualquier otro operador que en documentos mercantiles aparezca una cláusula de exención de responsabilidad», ha apostillado.
También ha asegurado que puede provocar que socios de cooperativas que se sientan «infrapagados» puedan reclamar a la misma. «Tendríamos socios enfrentados a sus propias organizaciones», ha vaticinado.
Asimismo, ha resaltado que esto no afecta a productos de otros países como Marruecos o Países Bajos. Por ejemplo, en el caso de Marruecos ha recordado que el precio para el kilo de tomate establecido por la Unión Europea es de 46 céntimos, 20 céntimos por debajo del estadístico del Ministerio.
