Por ello, Asprocan pide que se exceptúe al plátano canario de la regulación de precios de la Ley de Cadena Alimentaria, actualmente en trámite en el Congreso de los Diputados.
El sector afronta circunstancias muy difíciles en el mercado, con «unos precios de ruina en muchísimos casos» y una banana de importación de terceros países que «bate récords a la baja en precios de importación a Europa, con declives del 20 %, y bananas que se ofrecen al consumidor en la península a 70 céntimos el kilo«.
A lo que se suma, añade esta patronal, que la banana se produce en otros países en unas condiciones con las que es «imposible competir, en las que no importan el medio ambiente, los derechos sociales o la seguridad«.
A esa competencia en los mercados se une ahora la Ley de Seguridad Alimentaria y «necesitamos garantías y posibilidades de competir, no es que queramos vender a pérdidas la producción, nadie quiere hacerlo, lo que queremos es vender», ha dicho Cáceres.
Actualmente, se producen pérdidas de al menos cien millones cada año en el sector y, tal como está la ley, se enfrentaría a sanciones millonarias, pues las ayudas del POSEI no computarían para establecer que el sector cubre costes.
«Ello nos obligaría a cerrar o a dejar atrás hasta el 90 % de la producción, con un desmantelamiento del sector, y en Tenerife, La Palma y el norte de Gran Canaria no hay alternativa de empleo», ha asegurado Cáceres.
En su opinión, el retraso que se ha producido en la votación de la Ley en el Congreso de los Diputados es una oportunidad para que los grupos parlamentarios se unan y acepten la enmienda que permitiría la pervivencia del plátano de Canarias.
El gerente de Asprocan se ha reunido este viernes en Gáldar (Gran Canaria), con la presidenta del PP de Canarias, Australia Navarro; junto al presidente del partido en Gran Canaria, Poli Suárez, y la portavoz de Agricultura del grupo popular en el Congreso, Milagros Marcos.
Marcos ha destacado que «es urgente» que el Gobierno ayude a los productores de plátanos canarios», pues son 15.000 familias del archipiélago cuyo empleo está en riesgo con la Ley de Cadena Alimentaria, que es «una trampa».
El sector agrario y alimentario supone el 11 por ciento del PIB nacional, y queda desprotegido, con una norma que entraña «una gran complejidad administrativa y un sistema sancionador abusivo«, según Marcos.
En la práctica supondrá que los productos españoles saldrán de los mercados, pues obliga a los productores a declarar sus costes de producción, lo que impedirá un valor añadido.
Además, la ley no tiene en cuenta la situación de los mercados, lo que impide la negociación y que la oferta y demanda marquen el proceso de venta, algo que sí se podrá hacer con las importaciones, por lo que los productos nacionales no podrán competir en los mercados.
La Ley de la Cadena Alimentaria no afecta al consumidor, la venta a pérdidas no está regulada para él, pero es el que decide el producto que compra, apuntan los populares.
La ley pretende garantizar el coste de producción, pero olvida que los trabajadores también deben ganar por su trabajo, no solo cubrir costes, ha dicho la diputada del PP.
Marcos ha destacado que «el caos» que ha generado la ley es tal, que ha conseguido unir a todo el sector y a todos los grupos políticos en su contra.
Australia Navarro ha recordado que el sector platanero de Canarias tiene una producción media de 420.000 toneladas anuales, con una aportación a la economía de las islas de 420 millones de euros y es el sustento de 15.000 familias, «es un cultivo vital».
La presidenta del PP de Canarias ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al PSOE que «no den un nuevo golpe a los intereses de Canarias».
Asimismo, ha acusado al presidente canario, Ángel Víctor Torres, de «ser cómplice y mirar hacia otro lado» ante la situación.
