Portugal, que este semestre preside el Consejo de la UE, presiona desde inicios de este año para concluir el acuerdo -que también quiere España-, pero Austria ha trasladado su intención de vetar el pacto.
El vicecanciller austríaco, el ecologista Werner Kogler, explicó al primer ministro portugués, Antonio Costa, en una carta enviada el pasado 4 de marzo, que su Gobierno «rechaza» el acuerdo por los «extensos incendios forestales en la región del Amazonas» y «el aumento de un modelo intensivo de producción agrícola en los países del Mercosur».
El veto austríaco se suma a las reticencias de otro miembro de peso en la UE, Francia, el país que tradicionalmente más se ha opuesto al acuerdo.
El secretario de Estado francés de Comercio Exterior, Franck Riester, dejó claro el pasado febrero que París mantiene sus exigencias de la «lucha contra la deforestación» y «el respeto de las normas europeas sobre los productos agroalimentarios».
A Francia y Austria se suman además Países Bajos, Irlanda y Bélgica, donde la región de Valonia ya logró retrasar en 2016 la entrada en vigor del CETA, el acuerdo comercial entre la UE y Canadá.
Desde la Comisión Europea, el vicepresidente y responsable de Comercio, Valdis Dombrovskis, aseguró recientemente que Bruselas «es consciente y comparte las preocupaciones de un número de Estados miembros, eurodiputados» y aseguró que está trabajando para encontrar una solución con los países de Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay).
En ese contexto, miembros del Ejecutivo comunitario mantuvieron una reunión hace dos semanas con los Veintisiete para tratar de encontrar soluciones al problema de la deforestación que terminó sin avances, según explicaron fuentes europeas.
Una de las soluciones que se barajan es la de firmar una declaración política que recoja el compromiso de los países de Mercosur con el Acuerdo de París, pero Austria la rechaza.
La otra posibilidad es dividir el pacto para que solo entre en vigor el apartado comercial, dejando al margen los aspectos medioambientales, lo que permitiría aprobarlo por mayoría cualificada de los Estados miembros, en vez de por unanimidad.
Pero plantea dudas legales y no salva el veto de la Eurocámara, cuyo visto bueno seguiría siendo necesario y que hoy en día reclama más garantías medioambientales.
