Los brotes en Aragón y Lleida han estado vinculados desde el inicio a la actividad de la recogida de la fruta, mientras que en Huelva, también zona agrícola, se han registrado recientemente incendios en los asentamientos ocupados por extranjeros.
Las autoridades afirman que los contagios entre jornaleros se están produciendo, salvo excepciones, en los desplazamientos y en el alojamiento.
Para el responsable de sector agrario y manipulado hortofrutícola del sindicato UGT-FICA, Emilio Terrón, el problema está en los «asentamientos sin higiene» en los que viven personas indocumentadas que llegan a esas zonas y finalmente acaban en el campo porque «hay empresarios» que los llaman para trabajar «en negro».
«En esas condiciones, el coronavirus está ahí, en su máxima expresión», subraya en declaraciones a Efeagro Terrón, quien habla de la existencia de una «bolsa» de personas en situación irregular que se mueven por la geografía española en función del calendario de las cosechas.
Otra situación es la de los trabajadores que acuden a las campañas con sus contratos y papeles en regla, y que cuentan con alojamientos proporcionados por las propias empresas y que «reúnen unos requisitos, servicios y aforos determinados» por la normativa, según el representante sindical.
El responsable adjunto de política sindical y sector agrario de CCOO, José Fuentes, añade que en lugares como Aragón, Lleida o La Rioja el convenio colectivo regula la obligación del empresario de ofrecer un alojamiento cuando contrata a alguien que vive a más de cien kilómetros de la zona.
La «picaresca», asegura, aparece cuando se emplea a «trabajadores que son muy vulnerables por no tener documentación», que se ven obligados a alquilar la vivienda con otros muchos de diversas nacionalidades, a menudo sin guardar las distancias.
EL SECTOR AGRARIO SE DEFIENDE DE LAS CRÍTICAS
El responsable de fruta de hueso de Asaja y presidente de esa organización agraria en Lleida, Pere Roque, llama a los sindicatos a «denunciar a quien toque» si sospechan de esas prácticas ilegales: «Que digan quiénes son, pero que no generalicen».
Considera que las infecciones se dan en «la vida social» de los trabajadores y afirma que todos los temporeros que trabajan para los empresarios afiliados a Asaja «están legalmente contratados» y que se aplican las medidas higiénico-sanitarias necesarias.
Señala que se pone a su disposición viviendas con las «condiciones pertinentes» y, sobre las personas sin papeles, reconoce que los que hay que «dan tumbos por España» son un «problema social» que «tiene que solucionar el Gobierno» y del que «no se puede culpar al sector agroalimentario».
