Dicha impugnación será elevada por vía administrativa y posteriormente por la vía judicial, según ha explicado Asaja Extremadura.
Esta organización agraria no está de acuerdo ni en la forma ni en el fondo del acuerdo alcanzado. En la forma, «y de ahí la impugnación, porque ni UPA-UCE ni COAG están legitimados para estar presentes en la mesa de negociación al no contar, como rige el Estatuto de los Trabajadores, el 10% de representación empresarial y la ausencia de Asaja Extremadura por motivos sanitarios».
En cuanto al fondo del acuerdo, Asaja Extremadura considera que penaliza a los productores «de una manera muy grave con una subida añadida al 20 % de incremento salarial en los dos últimos años».
Asimismo, expresan sus críticas a la «persecución ordenada» por el Ministerio de Trabajo a los empresarios del campo «al enviar a los inspectores laborales a encontrar situaciones de esclavitud”.
“El campo no está para firmar convenios sino para que le salven”, ha añadido su máximo representante, Ángel García Blanco, que ha calificado «de simple declaración de intenciones» la posición favorable mostrada por Apag Extremadura Asaja (Badajoz), «dada la necesidad de acuerdo entre ambas provincias, tal como se recogió en el pacto de las elecciones agrarias que determinaba una posición común al respecto».
«Venimos soportando una grave crisis, no sólo sanitaria motivada por la covid-19, sino la de unos precios por los suelos que nos llevó a salir a las carreteras y que no se han resuelto», ha dicho.
A ello se suma «la doble subida del SMI impuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez”. «Nadie en su sano juicio puede entender que se firme ese convenio bajo ningún concepto”, ha dicho García Blanco
