La crisis sanitaria global surgida con ocasión de la propagación del coronavirus, ha llevado durante estos meses a los países europeos a la adopción de diferentes medidas, en el ámbito del transporte de mercancías por carretera, al objeto de garantizar la continuidad de un servicio considerado por todos ellos como un servicio esencial y fundamental para garantizar el abastecimiento y suministro de bienes de primera necesidad tanto al conjunto de sus ciudadanos como de las restantes actividades económicas.
En base a ello, la regulación uniforme a nivel europeo sobre tiempos de conducción y descanso para el transporte de mercancías, recogida en el Reglamento CE 561/2006, ha sido objeto de importantes derogaciones parciales y regulaciones específicas por parte de los diferentes Estados miembros. Sin embargo, y pese a que hubiera sido deseable una actuación uniforme de todos los países por parte de la Comisión Europea, como ha venido denunciando Fenadismer, esta institución ha hecho dejación absoluta en esta materia de sus funciones de coordinación, permitiendo que cada país haya establecido sus propias medidas de flexibilización, ralentizando además los procesos de aprobación y publicación de las mismas, lo que ha ocasionado una gran confusión y queja en el sector del transporte por carretera por la disparidad y diferente alcance de las medidas en cada uno de los países, lo que ha supuesto un auténtico “rompecabezas” de imposible cumplimiento para los transportistas dedicados al transporte internacional, que en el caso de España suponen casi un tercio de su flota, teniendo en cuenta que aproximadamente 15.000 transportistas españoles han estado cruzando diariamente por las diferentes fronteras españolas a otros países de la UE.
En concreto, 21 países de la Unión Europea, incluida España, han optado por extender dichas exenciones y flexibilizaciones hasta este domingo 31 de mayo, por lo que partir del próximo lunes 1 de junio volverá a aplicarse en España y en el resto de la Unión Europea la reglamentación europea existente aplicable antes del covid-19, y que salvo puntuales modificaciones, ha venido aplicándose de forma estable durante las últimas cuatro décadas.
