Sigfito ha anunciado una importante revisión a la baja de sus tarifas para el ejercicio 2027, reforzando su compromiso con el sector agropecuario. Con este nuevo marco, el sistema de recogida asegura que las empresas ahorrarán al cumplir con la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) sin perder eficiencia en la gestión de los envases agrícolas y ganaderos. Respaldado por sus 25 años de trayectoria, el sistema se consolida como un aliado estratégico que aporta total seguridad, solidez y una garantía legal tanto a las compañías adheridas como a los clientes finales que deben gestionar correctamente sus envases vacíos.
Reducción generalizada en envases y trampas
En la categoría de envases primarios, se han ajustado a la baja las tarifas de los materiales de envasado clave. El papel y cartón pasan de 0,2200 €/kg en 2026 a 0,2100 €/kg en 2027. Esta misma tendencia se aplica al plástico rígido, que se reduce de 0,3394 €/kg a 0,3380 €/kg, y al plástico flexible, que desciende de 0,3363 €/kg a 0,3350 €/kg. Destaca especialmente la caída en el coste de gestión de la madera, que pasa de 0,0946 €/kg a tan solo 0,0300 €/kg. Por su parte, la gestión de las trampas también abarata su tarifa, pasando de los 1,3026 €/kg actuales a 1,20 €/kg para el próximo año.
Impulso al ecodiseño: nuevas bonificaciones
Con el objetivo de incentivar la sostenibilidad, el SCRAP introduce una bonificación especial para todos aquellos envases que incorporen el logo de SIGFITO, lo que facilita su correcta identificación y depósito en los puntos de recogida. Además, se refuerza el apoyo a la reutilización y el reciclaje: la bonificación para los envases reutilizables se incrementa de -0,007 €/kg a -0,010 €/kg. Asimismo, y conforme al principio de ecomodulación, se introduce un nuevo incentivo de -0,005 €/kg destinado a bonificar a aquellos envases que integren material reciclado.
La pertenencia a SIGFITO garantiza que la red de recogida mantenga su excelencia logística, estando plenamente adaptada a la estricta normativa medioambiental vigente. Esta seguridad jurídica minimiza riesgos innecesarios, protege la reputación corporativa de las empresas y asegura al cliente final un servicio óptimo. Con estas nuevas tarifas, el sistema demuestra que es plenamente viable conjugar el ahorro económico con el mantenimiento de los más altos estándares de calidad en la gestión de residuos.
