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España destina aproximadamente un 57 % de su gasto institucional en alimentación a productos de origen vegetal. Imagen de fabrikasimf en Magnific
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¿Y si los comedores públicos sirvieran un 85 % de alimentos vegetales?

Según un estudio impulsado por ProVeg, España ahorraría casi 1.000 millones de euros anuales si los comedores públicos sirvieran un 85 % de alimentos vegetales.

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Un nuevo estudio de modelización a escala europea, encargado por ProVeg International, revela que si España orientara la contratación pública de alimentos en sus instituciones hacia un 85 % de alimentos de origen vegetal, podría generar un ahorro de 988 millones de euros anuales —incluyendo costes sociales evitados—, además de reducir significativamente las emisiones y mejorar la salud pública a largo plazo.

El estudio, llamado «La oportunidad de 11.000 M€: liberar el potencial económico de la contratación pública rica en vegetales en la UE» (The €11 Billion Opportunity: Unlocking the Economic Potential of Plant-Forward Public Procurement in the EU), ha sido elaborado por Bryant Research para ProVeg International y realiza análisis económicos de los 27 Estados miembros, incluyendo España, centrados en seis tipos de instituciones públicas: centros escolares, universidades, residencias, hospitales, fuerzas armadas y prisiones.

El análisis modela tres escenarios de contratación pública —65 %, 75 % y 85 % de alimentos de origen vegetal— frente a la situación actual, en la que España destina aproximadamente un 57 % de su gasto institucional en alimentación a productos de origen vegetal.

“Los resultados para España confirman lo que se ve también a nivel europeo: una gastronomía sostenible, impulsada por las instituciones públicas, no solo reduciría costes, sino que es una herramienta fiscal y de salud pública con un enorme potencial para nuestro país”, comenta Verónica Larco, directora de comunicación de ProVeg España.

Principales conclusiones (escenario con un 85 % de alimentos de origen vegetal) para España

  • 988 millones de euros de ahorro total anual, equivalentes a 246 euros al año por cada persona atendida en estas instituciones.
  • 274,5 millones de euros de ahorro anual en los presupuestos públicos directos destinados a alimentación.
  • 317,4 millones de euros en externalidades medioambientales evitadas (impacto climático, contaminación del aire, uso del suelo y del agua).
  • 396,1 millones de euros de ahorro anual en costes sociales de salud y enfermedades cardiovasculares.1
  • 709.165 toneladas de CO₂eq reducidas al año, lo que equivale a retirar 354.583 coches2 de las carreteras españolas.
  • 24.528 casos de obesidad en personas adultas evitados a largo plazo (si se hace ese cambio en la contratación pública de centros escolares).

¿Sigue España la tendencia europea?

El patrón español difiere del conjunto de la Unión Europea en un aspecto relevante. A escala comunitaria, los comedores escolares concentran cerca del 39 % del consumo institucional de productos de origen animal, lo que los convierte en la palanca de cambio más potente del estudio europeo.

En España, en cambio, ese peso es menor (24,5 %) y se reparte de forma más equilibrada entre los centros escolares, residencias y las fuerzas armadas, que juntas suman cerca del 70 % del consumo institucional. Esto indica que, a diferencia de otros países donde la reforma de la gastronomía escolar por sí sola capturaría la mayor parte del ahorro potencial, en España sería necesaria una estrategia que abarque varios tipos de instituciones de forma simultánea para alcanzar el máximo impacto.