Juan Vinagre, portavoz de este colectivo, ha denunciado que en ciudades como Murcia resulta imposible instalar los puestos, pese a que la venta ambulante está autorizada en la fase 1 de desescalada, por las medidas de seguridad impuestas por el consistorio, más restrictivas que en otras actividades de venta de alimentación, como las plazas de abastos.
Además, ha advertido de que la falta de personal para el control de accesos que alegan muchos ayuntamientos ha hecho que no puedan abrirse mercadillos ambulantes que sí tenían autorización, al tiempo que ha criticado que los permisos municipales solo afecten a la venta de fruta y verdura, lo que deja suspendida la actividad de los puestos de ropa, zapatos, ferretería o artesanía, entre otros, que componen normalmente la oferta de los mercados.
«Los pequeños comercios de ropa pueden abrir pero nosotros no podemos instalar nuestros puestos», ha dicho Juan Vinagre como ejemplo de los problemas a los que se tienen que enfrentar desde la declaración de alarma los cerca del millar de profesionales que componen este colectivo.
El portavoz de los vendedores ambulantes ha insistido en la necesidad de consensuar fórmulas que permitan hacer compatible el trabajo de los mercados con la salvaguarda de las normas sanitarias impuestas por la covid-19, y ha cuestionado que sea rentable para ellos instalar los puestos en recintos a las afueras de las ciudades, como se ha propuesto en algunas poblaciones, porque «los mayores o cuidadores de personas dependientes no se podrán desplazar».
Además, ha pedido sensibilidad a los ayuntamientos para el cobro de las tasas municipales, ahora suspendidas, pero que «volverán a cobrarse y no podremos pagar».
