Frutas

UPA-UCE avisa a las centrales de fruta que deben cumplir la ley de la cadena

La primera acción de esta campaña ha sido el envío de cartas informativas recordándoles lo establecido en esta norma y la necesidad de su cumplimiento, según ha informado la organización agraria este lunes.

“Sabemos que hay demasiados intereses económicos detrás de todo esto», afirma su secretario general, Ignacio Huertas, para quien «unos pocos» intentarán que la ley no se cumpla para así continuar con el abuso que se viene produciendo con los alimentos.

Destaca la importancia que tiene el sector de la fruta de hueso en Extremadura, tanto desde el punto de vista económico como social, de modo que las exportaciones extremeñas de fruta de hueso, «nuestra especie estrella», representan más de 200 millones.

Sin embargo, denuncia, los productores continúan recibiendo precios por debajo de los costes de producción año tras año.

Por ello, subraya, en una época en la que el consumidor paga por un producto hasta siete veces más de lo que recibe el agricultor, la existencia de contratos y la revisión de los precios para que los productores puedan cubrir sus costes son ahora «más necesarios que nunca».

«Este panorama tiene que cambiar porque no podemos consentir que siempre salga perdiendo el productor”, denuncia Huertas.

UPA-UCE señala que estará especialmente vigilante con el cumplimiento de la legalidad impuesta respecto a la cadena alimentaria, conformación de precios y cláusulas contractuales.

Además, la organización agraria se pone a disposición de los productores, tanto con su departamento técnico cómo jurídico, para asesorarles, aclararles dudas y ayudarles en el cumplimiento de la norma.

Recuerda que la ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria establece la obligación de formalizar contratos por escrito donde aparezca, entre otros, el precio del producto, con expresa indicación de todos los pagos, incluidos los descuentos aplicables, las condiciones de pago, de entrega y puesta a disposición de los productos.

Las sanciones que establece la ley son mayores y más proporcionadas a la infracción y se incluye hacerlas públicas para que la sociedad conozca quién la incumple, concluye UPA-UCE.