Así lo han aseverado en Mérida, en el transcurso de una rueda de prensa en la que han presentado el balance agroganadero de UPA-UCE de Extremadura de 2018 y los retos para 2019.
Lorenzo Ramos ha explicado que la situación de los precios que perciben los agricultores y ganaderos de Extremadura es «muy similar» a los del resto del país, «de miseria» a causa de «la especulación» de los intermediarios, de las industrias transformadoras y de las grandes superficies.
Ante esto, ha continuado, la UE «se tiene que poner las pilas» para que haya «un Presupuesto fuerte» y que la futura Política Agraria Comunitaria (PAC) defienda a los agricultores y ganaderos profesionales.
Ramos ha pedido la modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria para que haya una situación de igualdad entre los productores, las industrias, los intermediarios y las grandes superficies comerciales, ante lo que, ha reiterado, el Gobierno central debe ser «más valiente» para hacer frente a la situación de los bajos precios de los productos agrarios.
«Estamos en manos de los especuladores» y «hay que luchar contra los bajos precios», ha aseverado Ramos, a lo que ha agregado que «la UE tiene que proteger a sus agricultores y ganaderos», y que ahora no tiene «mecanismos» para hacerlo y, además, tiene que hacer frente a los efectos del «brexit».
Ha añadido, en este punto, que hay que evitar que haya movimientos «populistas» y «antiUE».
Además, ha denunciado que en estos momentos los especuladores «nos ponen los precios».
También ha aseverado que su organización agraria trabaja para que haya una agricultura sostenible y, de este modo, evitar la despoblación de las zonas rurales.
«Se ha hecho el mejor trabajo posible pero el año ha sido nefasto», ha señalado Ramos, que ha explicado que en 2019 debe haber más ayudas de las administraciones públicas para que los jóvenes se incorporen a la actividad agraria y que las ayudas a las explotaciones del campo sean «las máximas».
Por su parte, Ignacio Huertas ha afirmado que el año agrario ha sido «muy complicado» por fenómenos meteorológicos adversos como «la sequía terrible» sufrida desde 2017 y, luego, las lluvias «terribles», el pedrisco, el granizo y el frío.
Esto ha hecho, por ejemplo, que se haya perdido hasta el 60 por ciento de la cosecha de frutas como la ciruela, y que también haya habido mermas notables en cosechas como las del tomate, el maíz, el olivar y la apicultura
Asimismo, ha resaltado que aunque Agroseguro ha abonado unos 70 millones de euros a los damnificados, las pérdidas económicas han sido superiores, «muy graves», unos 100 millones.
No obstante, ha coincidido con Lorenzo Ramos en que el principal problema son los precios «ruinosos» que perciben los productores y el costo de las materias primas, la maquinaria y otros «insumos».
Esto hace, ha continuado, que la situación de las empresas agrarias sea «insostenible», por lo que, junto con la organización profesional ASAJA, celebrará actos de protesta el próximo día 31.
Además, ha reclamado que se modifique la legislación en materia de etiquetado para que los consumidores puedan saber de dónde provienen los productos y puedan elegir a la hora de comprar.
Otros «retos» para este año son que se permita a Extremadura tener más hectáreas de viñedo para producir cava, que haya más presupuesto público para ampliar las zonas de regadío, que se mejore la Ley del porcino ibérico y que se impulse la creación de la planta azucarera de Mérida ya que habría unas 30.000 hectáreas dedicadas a la remolacha.
