Cristóbal Cano, en una rueda de prensa en Jaén, ha valorado así la disposición sexta incluida en el decreto sobre medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, aprobada en el marco de la pandemia para flexibilizar las cotizaciones.
«Cuando leímos la legislación el año pasado no dábamos crédito y esperábamos estar equivocados, pero hoy tenemos que denunciar que esta normativa está vigente y que en la práctica se traduce que cualquier persona que tenga ingresos por su actividad agraria tiene que cotizar obligatoriamente como autónomo«, asegura Cano.
Considera que se trata de «una decisión tremendamente grave que golpea de forma directa a la línea de flotación de los más vulnerables, de las explotaciones familiares que tienen el campo como un complemento de su actividad y que perjudica la economía de nuestro medio rural».
Asimismo, añade que desde la UPA han tenido una «actitud proactiva» en busca de la reversión de esta disposición normativa, tanto es así que en los dos últimos meses se han mantenido reuniones con diversos subdelegados e incluso con el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, en las que se comprometieron a tramitar una solución que no ha llegado.
«La legislación está vigente y la Inspección de Trabajo comenzará a aplicarla, esto implica que toda persona que tenga ingresos por su actividad agraria esté obligado a pagar de su cartera un sello de autónomo, independientemente de si ya cotiza en el régimen general».
Cristóbal Cano asegura que «el caso más sangrante es el del colectivo de trabajadores agrarios por cuenta ajena, que con la aplicación de esta normativa pasaría al régimen de autónomo con la consiguiente pérdida de cualquier tipo de prestación por desempleo, renta agraria o subsidio«.
El secretario general de UPA en Andalucía explica que «por tener un euro de ingreso de la actividad agraria tienes que cotizar en el régimen de autónomos».
En Jaén hay 83.000 perceptores de la PAC que ingresan menos de 5.000 euros, lo que supone un complemento para su actividad laboral, en la práctica, por tener esos ingresos agrarios, están obligados a cotizar un sello de autónomo en el SETA que oscila entre 200 y 240 euros.
«Lo que es inadmisible es que el Gobierno de España meta en el mismo saco a todos por igual, no tiene lógica alguna porque se trata de personas cuyas explotaciones no les dan para vivir al 100 por cien, sino que les sirven de complemento».
Eso significaría que más de 80.000 explotaciones estarían en riesgo de vulnerabilidad o cese, bien por arrendamiento o por venta, porque no podrían asumir este coste adicional», concluye Cano.
