Fenadismer ha valorado positivamente el anuncio hecho por la Directora General de Transportes por Carretera a las asociaciones de transportistas de que en el proyecto de Real Decreto que va a iniciar su trámite en breve el Ministerio de Transportes para transponer a la normativa española la nueva Directiva europea aprobada en 2022 sobre la aplicación de gravámenes a los vehículos de transporte por la utilización de las infraestructuras viarias, coloquialmente denominada “euroviñeta”, se va a descartar definitivamente el establecimiento de peajes en las autovías españolas.
Como se recordará, el pasado año el Gobierno decidió rectificar su anterior criterio favorable a la imposición de peajes en las actuales vías libres de pago debido, entre otros, al rechazo de las asociaciones de transportistas a su implantación por su indudable daño a la competitividad del sector del transporte y del resto del sistema económico español, y ello pese a la fuerte presión ejercida por las empresas constructoras, ávidas de incrementar su cartera de actividad a costa del bolsillo de los conductores tanto particulares como profesionales.
En este sentido Fenadismer recuerda que el sector del transporte por carretera con la actual fiscalidad que soporta, más de 21.000 millones de euros anuales, ya contribuye suficientemente al mantenimiento de las infraestructuras españolas, por lo que ha venido rechazando reiteradamente el establecimiento de nuevos peajes, ya que además perjudicaría a la actual recuperación de la actividad económica en España tras la pandemia por el covid y la coyuntura internacional.
No aplicación de peajes
El proyecto de Real Decreto, que será sido sometido a consulta pública en próximos días, establecerá expresamente la no aplicación de peajes por la circulación en las autovías y resto de carreteras que forman parte de la Red General del Estado, con la excepción lógicamente de las autopistas privadas sometidas a régimen concesional.
En este sentido, el nuevo Real Decreto establecerá los criterios de fijación del peaje máximo a cobrar por las concesionarias privadas de autopistas, para cuyo cálculo se deberán tener en cuenta como novedad las emisiones de los vehículos, aunque el Ministerio de Transportes se ha comprometido a que este criterio sólo se aplique en las autopistas propiedad del Estado a través de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte, esto es, las autopistas rescatadas como consecuencia de la quiebra de las empresas explotadoras, y que en la actualidad lo conforman las siguientes: radiales R2, R3, R4, R5, autopistas M12, AP-41 y AP-36, y tramos de la autopista AP-7 en la Circunvalación Alicante y AP-7 en Cartagena-Vera.
