La Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Londres ha explicado que, con esta medida, el gobierno de Reino Unido quiere «evitar los costes derivados de estos controles a las empresas y consumidores británicos, dada la situación del conflicto militar en Ucrania y el incremento de los precios de la energía».
Según la Embajada española, el ejecutivo británico considera que «sería un error imponer nuevas cargas administrativas y correr el riesgo de colapsar los puertos y las cadenas de suministro en este momento«.
Estiman que aplazar estos controles ahorrará a las empresas británicas hasta 1.000 millones de libras esterlinas (1.187,68 millones de euros).
Según declaró este jueves el secretario de Estado para el Brexit, Jacob Rees-Mogg, -apunta el comunicado de la Embajada al que ha tenido acceso la federación hortofrutícola Fepex- «este nuevo enfoque se aplicará para las mercancías de la UE y las del resto del mundo«.
Reino Unido, según la nota informativa de la Embajada, mantiene vigentes los controles que ha introducido desde su salida de la UE, tanto para la entrada de productos cárnicos como para los pesqueros y vegetales.
Como ejemplo, los productos de origen animal para consumo humano sujetos a medidas de salvaguardia están obligados ya a venir acompañados de un certificado sanitario de exportación, y los de pesca, de un certificado de captura.
También se mantienen los requisitos de importación introducidos ya para la importación de plantas y productos vegetales de alta prioridad, entre los que se incluyen maquinaria y vehículos agrícolas usados, plantas para plantar, patatas de siembra y de consumo, determinadas semillas, maderas y material forestal.
En el ámbito del sector de frutas y hortalizas, la primera fase de los controles impuestos por Reino Unido a partir del 1 de enero de 2021 pasan por la obligatoriedad de que las exportaciones comunitarias estén acompañadas de una declaración aduanera (DUA) y un certificado de conformidad con las normas de comercialización, según han recordado desde Fepex.
El nuevo paquete de requisitos previsto para su entrada en vigor el próximo 1 de julio exigía a partir de esa fecha la incorporación del certificado fitosanitario, una obligación que preocupa a la principal organización hortofrutícola española, porque a su juicio «puede suponer una barrera para mantener el flujo normal comercial del comercio».
El gobierno británico ha avanzado a la Oficina Comercial de la Embajada española en Londres que esperan revisar su modelo operativo fronterizo con la UE el próximo otoño.
