El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha dicho que «en los escenarios que manejamos hacia el futuro y que todos conocemos, que son los del impacto del cambio climático, no podemos desperdiciar ningún recurso», y recordó una inversión de 600 millones de euros para el incremento de la capacidad de desalación de las desaladoras existentes, más su interconexión.
Por su parte, la consejera de Agricultura de Murcia, Sara Rubira, reconoció que con esta firma se proporciona seguridad jurídica a los regantes, si bien advirtió que llega tarde, además de que éstos se han visto abocados a consumir agua desalada por los recortes al trasvase del Tajo dejándolos «entre la espada y la pared, si no tendrían que abandonar el campo».
Por otro lado, Morán anunció la construcción de una nueva desaladora en la comunidad de Murcia, dos más en la Andalucía y otras dos en Cataluña.
El presidente del sindicato de regantes del Levante, Lucas Jiménez, ha afirmado que es «un motivo de alegría» esta firma, aunque remarcó que el precio «está lejos de ser el idóneo, ero que evidentemente hace que el agua desalada tenga una cara que la haga asumible para los agricultores de Levante».
Rubira dijo que el agua desalada «es cara, el doble de precio que la del trasvase, y de menor calidad». Asimismo lamentó que el agua desalada no llegue a toda la Región, dado que las comarcas de Noroeste, Altiplano y la costera de Mazarrón, carecen de tal posibilidad. Se preguntó además cómo se solucionará en 2027 un déficit estimado en 400 hectómetros cúbicos de agua.
