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Frutos rojos

Regantes temen que las multas «arruinen la reputación de Doñana»

La Asociación de Agricultores Puertas de Doñana ha expresado su "temor" a que las posibles sanciones de la Unión Europea por la regularización de nuevas hectáreas de regadío en el entorno de Doñana "arruinen la reputación agrícola de la comarca".

La asociación, que rechaza la proposición de ley que se tramita en el Parlamento de Andalucía para esa nueva regularización, motivo por el cual se separó de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado, se ha referido, a través de un comunicado, a la respuesta escrita del comisario de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Virginijus Sinkevicius, sobre este asunto.

Esas sanciones «pueden arruinar la reputación agrícola de Doñana y, a su vez, trasladarse a las ayudas que reciben todos los agricultores, con un impacto terrible, no solo a la economía de Almonte y la comarca, sino a todo el sector de los frutos rojos de Huelva«, ha advertido el portavoz de la asociación, Manuel Delgado.

Los agricultores consideran que es una «temeridad del Parlamento andaluz poner en peligro a miles de familias, empleos y un prestigio bien ganado, porque la información llega sesgada al consumidor europeo, que puede pensar que el producto que está comprando está regado con aguas ilegales, y no es así para nada», indica el portavoz.

«Las aguas de Almonte son y siempre han sido legales, y nuestro producto cumple todas las normativas y somos muy estrictos con los controles de calidad y, por supuesto, con el control del agua, sabemos que el agua es un bien muy preciado y no lo podemos obviar, tenemos que cuidarlo«, ha señalado Delgado.

Desde la asociación Puerta de Doñana aplauden también la decisión del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) de llevar al Tribunal Constitucional la proposición de Ley impulsada en el Parlamento andaluz por el PP, Ciudadanos y Vox.

La Comisión Europea ya ha advertido a España de su responsabilidad en los acuíferos de Doñana, la última bajo una condena firme de más de 62 millones de euros por incumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europeo (TSJUE).

En este sentido, la asociación manifiesta asimismo su «satisfacción inicial» ante el anuncio de que el Gobierno ha aprobado la creación de la comisión técnica que ha de comenzar a gestionar el trasvase de 20 hectómetros cúbicos de agua del Tinto-Odiel-Piedras al Guadalquivir.