La revisión es una puerta abierta para las explotaciones agrícolas y las empresas pesqueras, que están planteando propuestas para eliminar trabas a las contrataciones de extranjeros.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha abierto hasta el 10 de septiembre una consulta pública sobre el borrador del nuevo reglamento, en el que las organizaciones agrarias y los armadores echan en falta mejoras en aspectos como el arraigo o las exigencias burocráticas.
El Gobierno pretende simplificar el esquema de autorizaciones, reducir la carga burocrática y dar seguridad jurídica.
Regularizaciones y arraigo
Desde Almería, el responsable de relaciones laborales de COAG, Andrés Góngora, ha declarado a Efeagro que el sector agrario es el que «más procesos de regularización» afronta y en el borrador no aparecen sus demandas.
Entre sus peticiones, alude al criterio de «arraigo», porque opina que la Ley es «injusta» para el emigrante.
Para que una persona emigrante demuestre arraigo social, ha recordado, debe haber residido en España de forma ilegal durante tres años y presentar pruebas, «algo muy complicado»; COAG pide que se reduzca ese período a dos años y que se equipare al «arraigo laboral«.
Góngora también se ha referido a las tarjetas de protección internacional, que se otorgan por ejemplo a los ucranianos, y que permiten trabajar a los seis meses de su solicitud, mientras se tramita el proceso de concesión; ha pedido que se concedan a todas las nacionalidades.
Pero lo que, a su juicio, es «un disparate» es que para las regularizaciones se exijan contratos laborales de 12 meses, porque en el campo se trabaja por campañas y ninguna dura todo el año.
En relación al arraigo, la vicesecretaria general de UPA, Montserrat Cortiñas, ha demandado ampliarlo a familias, en las que «uno de los miembros sí tiene autorización administrativa pero el resto no, y son familias que viven en los pueblos, con sus hijos escolarizados«.
Cortiñas ha defendido en declaraciones a Efeagro una regularización que proporcione mano de obra extranjera al campo.
Y ha precisado que los pequeños y medianos agricultores tienen más difícil contratar personal, frente a campañas muy puntuales que, como ocurrió en el cacereño Valle del Jerte, se echaron a perder por el clima de un día para otro.
En ese sentido, ha abogado por modelos de colaboración con cooperativas y agrupaciones.
Según el responsable de Campo del sindicato CCOO, Vicente Jiménez, «todo pasa por regularizar a la gente que ya está en España para que pueda trabajar en el campo y normalizar a los que circulan por aquí de manera irregular».
Contratación en origen y carnés de campañas
Al hablar del reclutamiento de extranjeros hay que distinguir a los que están en el país y a la contratación en origen de contingentes que vienen para trabajar en una campaña, como ocurre con la fresa de Huelva.
Góngora ha celebrado esa contratación en origen, porque evita «mafias», pero ha remarcado que para que la autoricen los servicios de empleo debe demostrarse que los puestos no se cubren con personas que están en esa comunidad autónoma.
Por ello, no se está usando en Almería, Granada, Murcia, la Rioja ni Aragón; solamente pueden pedirse trabajadores «repetidores, que en campañas pasadas vinieron»: «esto está bloqueado y queremos que la reforma lo desbloquee», ha añadido.
Desde Cataluña, el presidente de Asaja en Lleida, Pere Roque, ha dicho a Efeagro que la dificultad está en los «transeúntes» que ya están en España y no pueden trabajar por no tener papeles.
Una solución, ha planteado, es un carné de campañas para toda España, una acreditación de profesional del campo para una persona durante las cosechas y que cuando se acaben vuelva a su país de residencia, porque no es partidario de «papeles para todos».
En Lleida, trabajan 30.000 temporeros, un 80 % procedentes de países terceros, según Roque.
Crónica de Mercedes Salas.
