En concreto, han solicitado la reducción a cero de los módulos para la fruta dulce y la ampliación de la partida de gastos de difícil justificación del 5 % al 10 % para aquellos que optan por la estimación directa simplificada en el cálculo de la renta de 2017.
Además, «la apertura inmediata de una línea de avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (Saeca), ayudas y moratorias para los préstamos contraídos y el establecimiento de líneas de financiación bonificadas y créditos blandos para afrontar la futura campaña».
Entre sus demandas también aparece «la condonación de las cuotas a la Seguridad Social y del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y la recuperación del máximo porcentaje de subvención estatal en la contratación del seguro de la fruta».
Las cuatro organizaciones justifican ante la titular del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) estas peticiones ante la «gran preocupación» que existe en el sector de fruta dulce por su «asfixiante situación económica» tras «varios años en los que los precios han sido muy bajos».