El Instituto Universitario de Investigación de Tráfico y Seguridad Vial (Intras) de la Universidad de Valencia, la Fundación para la Seguridad Vial (Fesvial) y la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte (Fenadismer), han presentado hoy las principales conclusiones del estudio sobre “Problemas, riesgos y accidentes en el transporte profesional relacionados con COVID-19”, entre las que destaca un preocupante incremento de los accidentes de tráfico sufrido por este colectivo y una alarmante “sensación de abandono por parte de los poderes públicos en este periodo”.
El presidente de Fesvial, Luis Montoro, ha subrayado “la oportunidad y necesidad de este estudio pionero a nivel internacional, teniendo en cuenta que de los datos oficiales provisionales, relativos al periodo entre el 15 de marzo y el 6 de mayo, indican que el número de fallecidos en camiones de más de 3.500 kg se ha multiplicado por 2.4 respecto de la media de los últimos 5 años y el índice de letalidad, -el número de fallecidos por cada 100 víctimas- se ha multiplicado por 1.8 respecto al periodo equivalente de 2019”.
Este estudio realizado con la finalidad de investigar y profundizar sobre los problemas, riesgos y posibles causas de los accidentes de tráfico de estos profesionales, durante la pandemia del coronavirus, se ha llevado a cabo con la participación de 1.013 conductores de transporte profesional de mercancías por carretera, de toda España, con una edad promedio de 49.5 años y una antigüedad media en su empleo de 17 años. La encuesta se ha realizado entre el 21 de abril y el 13 de mayo de 2020. Para completar la investigación se ha diseñado una encuesta específica, a la que se ha añadido el DBQ-Driver Behavior Questionnaire.
Julio Villaescusa, presidente de Fenadismer, ha destacado durante el acto de presentación el gran papel de “los conductores de transporte profesional, que han hecho un esfuerzo colosal en esta situación de pandemia, corriendo graves riesgos, para poder garantizar el abastecimiento de productos que eran indispensables en el funcionamiento social. Es imprescindible, por ello, que los poderes públicos reconozcan dicha labor y establezcan las regulaciones necesarias que permitan desarrollar su actividad con la mayor seguridad posible”.
