Logística

Navarra incumple el acuerdo e impone el peaje a los camiones

Los Grupos Políticos que sustentan el Gobierno de Navarra (Partido Socialista, Podemos, EH Bildu y Ezkerra) promueven la tramitación urgente en el Parlamento Foral de la proposición de Ley reguladora del peaje para camiones de más de 3´5 tns en las carreteras A-1, A-10, A-15,

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El pasado jueves 5 los Grupos políticos que sustentan el Gobierno de Navarra (Partido Socialista de Navarra, Podemos, EH Bildu y Ezquerra) registraron en el Parlamento Foral la proposición de ley reguladora del canon de uso de uso de las carreteras, para su tramitación urgente, con el objetivo de poner en marcha, antes de Diciembre de 2023, el cobro de peajes a los camiones de más de 3´5 tns de masa máxima que circulen por 5 de las vías principales que discurren por territorio navarro, en concreto las autovías A-1, A-10. A-15, A-68 y la carretera N-121.   

Para su gestión, la nueva norma prevé la creación de una empresa pública encargada de la implantación del sistema de control y de su cobro, cuya recaudación se destinará a la conservación y explotación viaria pero también a otras políticas ajenas a las infraestructuras, como por ejemplo la protección el medio ambiente.

FENADISMER lamenta la nula sensibilidad mostrada por el Gobierno de Navarra en su propósito de seguir adelante con su objetivo de establecer más gravámenes a los transportistas en la actual situación económica que atraviesan, y además critica la falta absoluta de respeto al acuerdo a nivel estatal suscrito el pasado mes de Diciembre entre las asociaciones nacionales y el Gobierno central de no imponer peajes sin consenso previo con el sector, que recordemos lo compone los mismos partidos políticos que promueven dicha medida en Navarra.

Por ello, FENADISMER advierte al Gobierno de Navarra que su negativa a consensuar su aprobación con el sector obligará a  las asociaciones de transportes a impugnarla judicialmente, como ya ocurrió en el caso de los peajes a camiones aprobados unilateralmente la Diputación de Guipúzcoa y que supuso su anulación por el Tribunal Superior de Justica del país Vasco, y ratificado posteriormente por el Tribunal Supremo.