En concreto, así consta en el escenario alternativo 1 del estudio ‘Estimación del impacto económico del agua del trasvase Tajo-Segura para regadío en la Región de Murcia’, elaborado por el Colegio Oficial de Economistas de esta comunidad en colaboración con las universidades públicas de Murcia y Politécnica de Cartagena y el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario.
En esta hipótesis, que contempla la aprobación definitiva del aumento del caudal ecológico del Tajo a su paso por Aranjuez (Madrid) hasta los 8,5 m3/s, los desembalses hacia los regadíos del Segura se recortarían en 100 hectómetros cúbicos, un 50 % inferior a los envíos máximos permitidos en la actualidad.
Esta cantidad repercutiría en un descenso de la producción económica regional de 870 millones de euros, equivalente al 1,5 % del total, teniendo en cuenta los impactos directo (538 millones), indirecto (137 millones) e inducido (194 millones).
En términos de valor añadido bruto (VAB), el impacto global alcanza una caída de algo más de 400 millones de euros, que representa el 1,6 % del VAB regional de 2015, desglosado en directo (301 millones), indirecto (54 millones) e inducido (46 millones).
En su influencia en el empleo, el estudio cifra una destrucción de 21.575 puestos de trabajo, de los que 12.520 son en horticultura, 6.652 en cítricos y 2.361 en frutas frescas, que aglutinen el 93 % de la pérdida de empleos.
Las ramas de actividad más afectadas son la horticultura, que acapara el 37,6 % de la reducción total, los cítricos (20 %) y frutas frescas (7,6 %), mientras que los alimentos y bebidas suponen el 7,1 %, servicios de comercio al por mayor e intermediación del comercio un 1,9 % y servicios financieros, seguros y fondos de pensiones (1,8 %).
El estudio también hace una estimación del cierre total del agua para regadío del trasvase, que supondría una caída de 1.700 millones de euros anuales del PIB regional, la desaparición del 59 % de la agricultura regional y la eliminación de casi 45.000 empleos agrícolas directos solo del ámbito de la producción.
A esta destrucción habría que sumar, según las cifras de este documento, los trabajos vinculados con la industria agroalimentaria, la industria de transformación o la manipulación.
El informe detallado ha sido presentado este jueves en un acto presidido por el jefe del ejecutivo autonómico, Fernando López Miras, quien ha valorado el estudio por dar datos «objetivos» e «independientes» que les va a reforzar en la estrategia del Gobierno regional de luchar contra los planes estatales de «cerrar» el trasvase en 2027.
López Miras, quien ha considerado la modificación de las reglas de explotación como una «estocada de muerte» a esta infraestructura, ha enmarcado esta decisión en la apuesta del Gobierno central de colocar, dentro de su idea de «España multinivel», a la Región de Murcia en el «nivel más bajo» en financiación, reparto de fondos europeos, vacunas y agua.
Por su parte, el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, ha anunciado que incorporarán este informe a las alegaciones al plan de cuenca del Tajo, actualmente en información pública, que aumenta los caudales ecológicos por «presiones políticas» de la Junta de Castilla-La Mancha.
