Las empresas del Reino Unido que importan alimentos de la Unión Europea (UE) temen que sus costes se vean incrementados, en algunos casos en miles de libras anuales, debido a los controles físicos que han empezado a aplicarse después del Brexit, algunos de ellos desde hace unos días.
A principios de año, el Reino Unido inició estos controles a través de un sistema de tres fases, después de retrasos por la complejidad que ha supuesto la separación comercial por la salida británica del bloque europeo, votada en un referéndum celebrado en junio de 2016.
La primera de estas tres etapas consistió en exigir -desde enero- la certificación sanitaria para las importaciones de productos de origen animal de riesgo medio, como leche refrigerada, así como plantas o productos vegetales, mientras que hoy empezó a regir la segunda fase, que implica el control físico y de documentación de esos productos.
La tercera y última será a partir del próximo 31 de octubre, cuando ya entrará en vigor la obligación de presentar las declaraciones de seguridad y protección para todas las importaciones de la UE.
El exceso de esta burocracia, que para muchas empresas que compran productos comunitarios supone la contratación adicional de expertos en importación y exportación, puede incrementar en miles de libras al año los costes de su mercancía.
Las empresas han advertido de que estos controles puedan afectar sobre todo a las empresas pequeñas y provocar que los aumentos de precios se trasladen a los clientes.
John Davidson, copropietario de la empresa de flores Tom Brown Wholesale, dijo a los medios que esperaba que los controles le implique un coste a su negocio de entre 200.000 y 225.000 libras (232.000 euros y 261.000 euros, respectivamente) al año.
