Hace ya más de un mes que el Gobierno puso en marcha una prestación por Cese de Actividad extraordinario para paliar las pérdidas de las actividades empresariales y profesionales de los autónomos más afectados por la crisis del coronavirus. A dichas ayudas, que se tramitan ante las correspondientes Mutuas donde se encuentren adscritos, pueden acogerse tanto aquellos autónomos cuya actividad se haya paralizado o se encuentre entre las suspendidas por el Decreto de Declaración del Estado de Alarma o normas posteriores, así como para el resto de actividades, como es el caso del sector del transporte por carretera, en los que la facturación del autónomo en el mes anterior a la solicitud se reduzca al menos en un 75% respecto de la del promedio mensual del semestre natural anterior.
Según los datos facilitados por el Ministerio de Seguridad Social a Fenadismer, en relación dicha prestación extraordinaria hasta la semana pasada se habían recibido 1.016.670 solicitudes de prestación de cese de actividad, de las que han sido resueltas favorablemente 898.734, que desde el pasado fin de semana han empezado a cobrar la prestación por parte de su Mutua.
Estos datos suponen que el total de trabajadores autónomos que ha solicitado la prestación alcanza el 32,43% del total de población protegida, de los cuales un 72 % lo han solicitado por cese de su actividad realizada y un 28 % por haber reducido significativamente sus ingresos. La prestación tiene una cuantía del 70% de la base reguladora, es decir, un mínimo de 661 euros en el caso de los autónomos que cotizan por la base mínima.
Por sectores económicos, destaca el número de solicitudes planteadas por los autónomos del sector del comercio, con 227.249 solicitantes, seguido de la hostelería, con 197.788, la construcción, con 74.881 y la industria manufacturera, con 39917 solicitantes. En quinto lugar sitúa el transporte y la logística, con un total de 36.905 autónomos acogidos a dichas ayudas, de las que un 12% son autónomas. Por regiones, las Comunidades con una incidencia más elevada en solicitudes de la prestación son, en orden decreciente, Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid y, a mayor distancia, Galicia.
Esta situación excepcional tan dramática justifica, a juicio de Fenadismer, su insistencia en la necesidad de que el Gobierno articule un Plan de Ayudas específico para el sector del transporte por carretera, por su carácter esencial, evitando la quiebra inmediata y desaparición de miles de autónomos y pequeñas empresas de transporte por la imposibilidad de atender a sus pagos más inmediatos.
Así, entre las medidas que debería incluir este Plan de salvamento, Fenadismer considera que debería aprobarse con carácter inmediato, además de las ya establecidas en materia tributaria y laboral para todos los sectores económicos, una moratoria en el pago a las entidades financieras de las próximas cuotas mensuales de financiación de los vehículos de transporte (préstamos, leasing y otros), añadiéndolas al final del período de amortización del pago del vehículo para evitar un colapso de liquidez al autónomo o pyme solicitante una vez desaparezca la actual situación extraordinaria. Asimismo, de modo análogo, se considera imprescindible arbitrar los mecanismos legales que permitan ampliar la vigencia temporal de los seguros de los vehículos durante el período que se encuentren inactivos sin necesidad de darlos de baja en Tráfico.
Asimismo, Fenadismer considera necesario articular una línea de ayudas económicas que permita dotar de liquidez a las empresas transportistas, para poder hacer frente al pago de sus suministros y consumos, utilizando como referencia el modelo aprobado por el Gobierno italiano consistente en una línea de financiación automática avalada al 100% por el Estado con un límite máximo de hasta 25.000 euros por pyme en función de su volumen de facturación en el año anterior.
Debe tenerse en cuenta que el sector del transporte de mercancías por carretera, en cuanto vertebrador del resto de actividades económicas en nuestro país ( más del 85% de las mercancías se trasladan por carretera), por lo que los poderes públicos deben adoptar las medidas de apalancamiento y subsistencia que sean precisas para que el transporte por carretera mantenga su actividad plenamente, a fin de garantizar el abastecimiento de mercancías tanto a la población como a las restantes actividades económicas.
