El consejo de ministros ha aprobado el convenio entre la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (Enesa) y la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios (Agroseguro) para la ejecución de los planes de seguros agrarios combinados en 2024, por 284,5 millones.
Este fondo, cuya dotación ya fue aprobado por el Gobierno el 27 de diciembre pasado, sirve además para la liquidación de planes anteriores, así como para regular otros ámbitos de cooperación, según ha informado este martes el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).
El convenio recoge también las bases de colaboración entre Enesa, que tiene la función de conceder las subvenciones a la contratación de las pólizas de seguros agrarios, y Agroseguro, a quién corresponde la gestión de los éstos, por cuenta y en nombre de las entidades aseguradoras.
El MAPA ha incidido en que los seguros agrarios constituyen un instrumento «fundamental» para el sostenimiento de las rentas del sector, «sobre todo ante la aparición cada vez más frecuente de fenómenos meteorológicos adversos».
El presupuesto aprobado en los sucesivos planes anuales de seguros agrarios para subvencionar la contratación de pólizas se ha incrementado progresivamente desde 2020, al pasar de los 211,3 millones de euros a los actuales 284,5 millones de euros.
Se trata de la «mayor dotación» presupuestaria ordinaria en la historia del seguro agrario, según el Ministerio.
Ucrania
El MAPA ha recordado que en 2023 el plan tuvo una dotación suplementaria de 60 millones de euros como medida temporal extraordinaria de apoyo para paliar las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania.
Este mayor apoyo del Estado adquiere una «gran relevancia» para las explotaciones agrarias, especialmente en el actual contexto de cambio climático y de sucesión de fenómenos adversos que han hecho que en los dos últimos años se batieran los récords históricos de indemnizaciones, ha añadido.
El 45º plan mantiene en esencia las condiciones de apoyo a los colectivos preferentes, como son los agricultores jóvenes, los profesionales, los titulares de explotaciones prioritarias o los miembros de organizaciones de productores, quienes incrementan su subvención adicional en ocho puntos porcentuales.
