El régimen sancionador de lucha contra la morosidad en el sector del transporte por carretera aprobado a finales de 2021 ha permitido mejorar de forma sustancial la situación de los plazos de pago a los transportistas, aunque aún no se ha alcanzado el objetivo de que sus clientes cumplan en su totalidad los plazos máximos marcados por la legalidad vigente, esto es, un máximo de 60 días desde la prestación del servicio, aunque también es cierto que son menores dichos plazos en comparación con otros sectores de actividad, que llegan a triplicarse e incluso cuadruplicarse.
Así, en el pasado mes de febrero se situaron en una media de 71 días, algo inferior a los meses precedentes y a la media anual de 2022, que se situó en 74 días, como ha venido constatando el Observatorio permanente de la morosidad y los pagos en el sector del transporte por carretera, que FENADISMER continúa elaborando mensualmente en colaboración con la Fundación Quijote para el Transporte.
A esta mejora está contribuyendo las actuaciones inspectoras que se están llevando a cabo en esta materia por parte del Ministerio de Transportes y de las Comunidades Autónomas, ya que como se recordará fue incluida como actuación prioritaria en el Plan Nacional de Inspección de Transporte para este año 2023.
Ello se traduce en una disminución en el número de empresas cargadoras e intermediarios que incumplen la legislación sobre morosidad, pasando a ser del 53% de los clientes de los transportistas, de los que un 43% lo hicieron a más de 90 días e incluso un 13 % a más de 120 días, esto es, a 6 meses.
En cuanto a los medios de pago que son utilizados más habitualmente para el pago de los servicios de transporte, continúan siendo por este orden la trasferencia (69%), seguido del confirming (27%), el pagaré (4%) y el cheque (<1%).
Por su parte, según ha podio saber FENADISMER, la Comisión Europea estaría trabajando en la revisión de la actual Directiva europea de lucha contra la morosidad para conseguir una aplicación más eficiente de su regulación y erradicar las prácticas abusivas que todavía se producen en algunos Estados miembros, entre ellos en España. A tal fin, hoy para conocer la problemática que en este ámbito sufren los autónomos y las pymes preferentemente ha lanzado una encuesta abierta, invitando a la participación del mayor número posible de empresas, y que puede contestarse online a través del siguiente enlace:
