Los fondos de inversión han multiplicado por quince su inversión en tierras de cultivo a nivel global desde 2005 y ya superan las 700 empresas con presencia en el sector agroalimentario, según un informe del Observatorio Desca.
El estudio, titulado «El capital no discrimina: la especulación en la vivienda, la alimentación y el trabajo«, analiza el impacto de estos actores financieros en el «acceso a derechos fundamentales».
Además, advierte de un aumento de la concentración de la tierra y de la desigualdad en el ámbito agrario en relación con la financiarización, que es el aumento desmedido del peso, influencia y volumen del sector financiero sobre la economía real hacia la «especulación».
En España, el volumen de transacciones en el sector agroalimentario ha crecido cerca de un 20 % anual de media entre 2021 y 2024, con un máximo de 2.200 millones de euros en 2023.
El informe de Desca señala que este «acaparamiento de tierras» es un fenómeno global que afecta a la «pequeña agricultura», un modelo productivo gestionado por familias en superficies reducidas enfocado al autoconsumo y la venta local.
También destaca que, desde los años 80, la desigualdad en el acceso a la tierra ha aumentado hasta el punto de que el 1 % de las explotaciones agrarias controla el 70 % de la superficie agrícola mundial.
Según el Observatorio, la entrada de fondos en el campo responde a la consideración de la tierra como «activo seguro y rentable», al igual que ocurrió previamente con la vivienda.
Esta situación, advierte el informe, puede derivar en cambios de uso del suelo, desplazamiento de la pequeña agricultura y mayor dependencia de grandes empresas, lo que tendría un «impacto directo» en los precios de la cesta de la compra.
Propuestas contra la financiarización
El informe plantea medidas «transversales y sectoriales» para frenar esta tendencia y proteger bienes esenciales.
Entre las propuestas figura la «desmercantilización» de los derechos humanos, el impulso de una banca pública que canalice el ahorro hacia sectores productivos, el refuerzo de medidas antiespeculativas y una fiscalidad que grave de forma efectiva la actividad de estos fondos y permita rastrear el origen de su capital.
El texto también analiza la relación entre fondos de inversión y el auge de la extrema derecha «reaccionaria» y sostiene que algunas propuestas de restricción anunciadas por líderes como Donald Trump o el partido Vox tendrían un impacto «limitado» en el volumen real de negocio.
En esta línea, Desca considera que la extrema derecha «no quiere acabar con la especulación» ni pretende acabar con el encarecimiento de la vida; su objetivo es más bien «aprovechar el malestar social generado precisamente por la escasez» de bienes y servicios básicos.
Esta escasez, han analizado, se debe a la «desregulación» de los últimos años, que ha permitido que los activos esenciales acaben en manos de los fondos de inversión.
Por ello, el Observatorio concluye que esta concentración de bienes básicos en manos de actores financieros como los fondos «erosiona derechos y democracia».
Para frenar la especulación, el informe reclama una actuación «inmediata» de los poderes públicos para garantizar el acceso a la vivienda, alimentación y trabajo en el medio y largo plazo.
