Así se desprende de los datos de carácter provisional publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que apuntan a que la cifra de embargos en el ámbito rural vuelve a bajar, tal y como lo hizo en 2017 (-12 %) y 2018 (-18 %), en contraste con la subida del 3,6 % de 2019.
En los últimos tres meses del año, el número de embargos de fincas rústicas ascendió a 461, un 10,3 % más que en el tercer trimestre pero un 27,5 % menos que en el mismo período del ejercicio anterior.
Los datos del INE detallan que en toda España se produjeron 34.750 ejecuciones hipotecarias en 2020, de las cuáles 33.156 eran urbanas.
Por comunidades autónomas, Andalucía encabezó la estadística de embargos de fincas rústicas con 349, por delante de Galicia (295), Comunidad Valenciana (259), Murcia (121), Castilla y León (91) y Castilla-La Mancha (82).
