Junto a la Fundación Estudios Rurales, UPA ha presentado este miércoles su Anuario de Agricultura Familiar de España en el que destaca el descenso de la renta agraria en un 8,4 % el año pasado, unido a un 2,4 % menos de personas activas y un 2,9 % menos de valor en la producción agraria final.
La sequía y los bajos precios lastraron las producciones agrícolas, se dispararon los costes de los medios de producción y los precios percibidos por agricultores y ganaderos volvieron a bajar.
Para 2020, mejoran las expectativas de producción, en parte por una meteorología más favorable, aunque se necesitan mejores precios para lograr una mínima rentabilidad, según el diagnóstico de UPA.
El secretario general de la organización, Lorenzo Ramos, ha declarado que 2019 estuvo marcado por la crisis de los bajos precios y desembocó en las movilizaciones que los agricultores y ganaderos protagonizaron a principios de año dando «un toque de atención».
Si bien hay asuntos que deberán seguir debatiéndose en los próximos meses, Ramos ha reconocido que el Gobierno actuó «rápido» modificando la ley de la cadena alimentaria para prohibir la venta de productos agrarios por debajo de sus costes de producción.
En ese sentido, ha asegurado que trabajarán para que esa ley «se cumpla y se respete» por parte de todos los eslabones de la cadena.
Ramos ha defendido el modelo de agricultura familiar y ha pedido políticas que lo favorezcan, así como acabar con las incertidumbres que generan las guerras comerciales, el debate del presupuesto de la Política Agraria Común (PAC) o el «Brexit».
«Necesitamos potenciar la soberanía alimentaria cada vez más», ha apuntado el dirigente agrario, a favor de cambios en el etiquetado y la promoción de la agricultura ecológica para lograr un sector sostenible, frente a la propuesta de la Comisión Europea de disminuir el uso de fitosanitarios y antibióticos o el consumo de carne.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha remarcado en el acto que los agricultores y ganaderos «tenían razón» al reivindicar precios justos, cuestión sobre la que el Gobierno se mostró «sensible» promoviendo la reforma de la ley de la cadena alimentaria.
Sobre los últimos brotes de coronavirus registrados en el campo, Planas ha afirmado que los focos de contagio se están dando «probablemente en el transporte, la movilidad y el alojamiento» de temporeros.
«La dignidad del trabajo debe implicar a todos y también a los temporeros. Es muy importante la capacidad de anticipación desde el punto de vista de los contratos de trabajo y la legislación, que se cumple en el 99,9 % de las explotaciones, pero también en la movilidad y el alojamiento», ha señalado.
Planas ha instado a reequilibrar la cadena con una mayor transparencia en la formación de precios y el fortalecimiento del poder de negociación de agricultores y ganaderos, al tiempo que ha asegurado que el Gobierno está negociando una dotación de la PAC «suficiente para las necesidades del sector y los retos ante el futuro», con «al menos la misma cobertura» del periodo 2014-2020.
Además, ha reivindicado la necesidad de lograr explotaciones rentables ayudando a quienes lo necesiten, ajustar la producción para que sea más sostenible a nivel ambiental, incorporar a los jóvenes y las mujeres a la actividad agraria, y promover la innovación y la digitalización en el medio rural.
Ha llamado al sector del aceite de oliva a «ejercer su liderazgo» y al de los cítricos a avanzar en su reordenación, como en el pasado se hizo con el ibérico y el vino.
La vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas, ha reclamado actuar «con cabeza» para mantener el medioambiente, evitando «introducir medidas que lleven a la ruina de muchos agricultores»; pagar por los productos «lo que corresponde» y aplicar la ley de la cadena alimentaria para que se puedan pagar salarios justos.
El experto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Eduardo Moyano, se ha referido a la necesaria «vertebración interprofesional» aún pendiente, junto a otras actuaciones para el relevo generacional y la adaptación a la demanda de los consumidores, apostando por la calidad «en los circuitos de proximidad físicos y virtuales».
Víctor Martín, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, ha planteado en el debate que estos últimos años «quizás se ha pensado demasiado en global» y no se ha actuado lo suficiente en el ámbito local, desde donde hace falta impulsar la reconstrucción de la crisis «con nuevos instrumentos».
