Logística

Leve subida de los plazos de pago a los transportistas en febrero

En el último mes el porcentaje de empresas cargadoras e intermediarias que incumpliron la legislación sobre morosidad se sitúo en el 58 %, aunque en la mayoría de los casos los excesos de plazo de pago son leves.

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Conforme a los datos extraídos del Observatorio permanente de la morosidad y los pagos en el sector del transporte por carretera que Fenadismer elabora mensualmente en colaboración con la Fundación Quijote para el Transporte, el pasado mes de febrero se incrementaron los plazos de pago frente al mes anterior, situándose en 69 días de media, alejándose, por tanto, del plazo máximo de 60 días que marca la legislación vigente.

Así, en el último mes el porcentaje de empresas cargadoras e intermediarias que incumplieron la legislación sobre morosidad se sitúo en el 58 %, aunque en la mayoría de los casos los excesos de plazo de pago son leves. Así, del porcentaje de empresas incumplidoras un 73 % pagaron a menos de 90 días y sólo un 11% a más de 120 días, teniendo en cuenta que esta franja de incumplimiento en 2022 se situaba en más del 20%. En cuanto a los medios de pago que son utilizados más habitualmente para el pago de los servicios de transporte, continúan siendo por este orden la trasferencia (65%), seguido del confirming (29%), el pagaré (6%) y el cheque (<1%).

De ahí la necesidad de intensificar en este ámbito la actividad de oficio que está llevando a cabo por los Servicios de Inspección de Transporte tanto a empresas cargadoras como intermediarias, para contribuir de forma decisiva a mejorar la situación de los plazos de pago a los transportistas.

Lucha contra la morosidad

En este sentido, Fenadismer valora muy positivamente la votación llevada a cabo la semana pasada en la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor del Parlamento Europeo, alineándose con la propuesta del texto del nuevo Reglamento europeo de lucha contra la morosidad que había presentado la Comisión Europea el pasado mes de Septiembre, que como se recordará reducía el actual plazo máximo a tan sólo 30 días tanto para las transacciones entre empresas como entre una Administración pública y una empresa privada.

A la espera de cuál sea la posición definitiva del pleno del Parlamento Europeo, que previsiblemente se acordará el próximo mes de abril, para la aprobación definitiva del Reglamento europeo aún hará falta consensuarlo con el Consejo Europeo, en el que buena parte de los Estados miembros han manifestado sus reticencias a reducir los plazos máximos de pago tal y como proponen las dos otras instituciones europeas, por lo que aún hay que ser prudentes sobre cuál sea el texto que finalmente resulté de dichas negociaciones, sin perjuicio de que Fenadismer a través de la Plataforma Multisectorial de Lucha contra la Morosidad, de la que forma parte, seguirá peleando activamente para que la norma aprobar tenga en cuenta especialmente los intereses de las pequeñas y medianas empresas, que son las más afectadas por las actuales dilaciones en los plazos de pago.

Comisión Europea ya ha publicado su propuesta de nuevo Reglamento europeo de lucha contra la morosidad, para establecer nuevas medidas que hagan más efectivo el cumplimiento de dicha normativa, teniendo en cuenta que la morosidad en las transacciones comerciales tiene múltiples efectos perjudiciales, especialmente entre las pymes, provocando una de cada cuatro quiebras en la Unión Europea.

Novedades

Así entre las novedades que incluye el proyecto normativo cabe citar la reducción de los plazos máximos de pago a 30 días, frente a los 60 días actuales, que se computarán desde la fecha de emisión de la factura, generándose automáticamente intereses de demora en caso de incumplimiento sin perjuicio de la correspondiente sanción administrativa. Asimismo el Reglamento prevé que en todos los Estados miembros se establezca un régimen sancionador para todos los sectores económicos para hacer más efectivo el cumplimiento de las nuevas medidas a aprobar.

El objetivo de la Comisión Europea es aprobar la nueva norma legal la próxima primavera antes de la celebración de la nuevas elecciones europeas.