Tal y como adelantó la revista F&H hace unos días, el futuro de la cadena de supermercados DIA es oscuro. En este sentido, el informe anual de resultados de la empresa, conocido a primera hora de hoy, ha desvelado un perjuicio de 352,6 millones de euros, el peor dato en la historia de la firma, y confirma la crisis en la que se encuentra inmersa durante los últimos meses.
Como respuesta a los malos datos operativos, DIA ya ha comunicado que procederá a iniciar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en España que afectará a un máximo de 2.100 trabajadores, proceso que ya ha sido criticado por los sindicatos UGT y CCOO por «desproporcionado».
En el país cuenta con 26.690 contratados a cierre de ejercicio -junto con Argentina, Brasil y Portugal suman más de 43.000-, por lo que el despido colectivo se dirige a cerca de un 8 % de la plantilla.
Según la empresa, una parte de las dificultades que atraviesa están vinculadas con «irregularidades contables» detectadas en sus cuentas, lo que provocó una investigación en profundidad cuyas conclusiones han llevado a DIA a presentar una denuncia ante la Fiscalía para depurar responsabilidades a nivel judicial.
Desde la firma han declinado facilitar detalles sobre la identidad de los supuestos autores, aunque en el informe de su auditor (KPMG, publicado igualmente hoy) ya se advierte de que estas irregularidades se detectaron en España y Brasil y fueron obra de «determinados empleados y directivos, incluyendo algunos de los anteriores miembros de la alta dirección del grupo».
Uno de los casos que atribuye a estas irregularidades es la «sobreestimación de los descuentos comerciales a percibir de los proveedores en España y Brasil», con un efecto negativo en las cuentas de 52,6 millones de euros.
El consejo de administración de DIA ha informado, asimismo, que estudia la posibilidad de reclamar a los consejeros delegados cesados durante los últimos meses -Ricardo Currás y Antonio Coto- la devolución de sus «bonus», en caso de que se demuestre que se cobraron en base a información «falsa o inexacta» o por la existencia de errores que afectaran a las cuentas de la empresa.
A los 352,6 millones de pérdidas -en contraste a los 101 millones de beneficios de 2017-, se suma una caída de la facturación neta del 11,3 %, hasta los 7.288,8 millones de euros.
De la caída de las ventas, la mayor parte se produjo en España -su mercado más importante-, con una reducción de 161 millones de euros respecto a 2017. Además, su Ebitda ajustado se contrajo un 35 %, hasta los 337,9 millones de euros.
DIA terminó el año con 6.157 tiendas en todo el mundo -descontados ya los locales bajo la marca Clarel y Max Descuento, que están a la venta-, 56 más que en 2017, de las cuáles el 57 % operan bajo régimen de franquicia.
La compañía, además, acabó 2018 en quiebra técnica -ya en diciembre anunció que incurría en esta situación, formalmente llamada «causa de disolución»-, con un patrimonio neto negativo en 166 millones de euros, frente a los 257,3 millones positivos de un año antes.
La deuda neta, por su parte, se ha disparado más de un 50 %, al pasar de 945 a 1.451 millones de euros.
En bolsa, las acciones de DIA cayeron con fuerza a primera hora pero se han ido recuperando conforme avanzaba la jornada, hasta cerrar al mismo precio: 73 céntimos.
Sus títulos han sufrido una debacle en el parqué durante los últimos meses, y hace un año cotizaban en el entorno de los 4 euros.
La empresa se encuentra en un momento clave y sus accionistas deben elegir entre dos caminos: acudir a la opa anunciada por el magnate ruso Mijaíl Fridman -dueño del 29 % del capital a través de LetterOne-, que incluye una ampliación por 500 millones de euros, o desecharla y confiar en el plan trazado por el actual consejo de administración, que propone una recapitalización de 600 millones.
