Esta «tormenta perfecta», como la denominan fuentes del sector, se cierne de nuevo sobre la producción española de hortalizas, que atisba en el horizonte que la situación deje de repetirse ni siquiera con la modificación de la ley de la cadena alimentaria que ha impulsado el Gobierno tras las tractoradas agrarias con las que comenzó este 2020.
Según un reportaje elaborado por Angélica Quintana para la Agencia EFE, las hortalizas españolas del ciclo de invierno no están dejando márgenes a los productores este año: un kilo de pepino se ha llegado a pagar estas semanas a menos de 16 céntimos y uno de tomate liso, a 14 céntimos; la bajada de precios no se ha trasladado al consumidor europeo, según las asociaciones agrarias.
El presidente del Consejo Sectorial de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Juan Antonio del Real, explica a Efeagro que esta fuerte caída de todas las cotizaciones en octubre y noviembre ha activado de nuevo todas las alarmas en zonas como Almería, Granada o Murcia, donde se ha producido protestas.
Del Real, que también es presidente de la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería (Coexphal), cuenta que de forma conjunta el sector ha acordado retirar del mercado el 30 % de la producción de pepino, por el que el año pasado recibían en estas fechas hasta 60 céntimos/kg.
Cree que la situación es fruto de una combinación de varios factores, entre ellos que en las últimas semanas las temperaturas han estado por encima de lo normal en el sureste de España y el norte de Europa, lo que ha provocado un aumento de la oferta.
«A finales del año pasado el sector hortofrutícola se echó a las calles para reclamar cuatro puntos vitales para su supervivencia que, a día de hoy, están totalmente incumplidos», afirma.
Sus reivindicaciones pasan por sensibilizar a las administraciones de la crisis estructural que atraviesan, acabar con la competencia desleal de terceros países, establecer un fondo específico de gestión de crisis para el sector y diseñar con urgencia mecanismos, a través de la reglamentación europea, para evitar imposiciones de las cadenas de distribución.
A su juicio, la ley de la cadena alimentaria es «utópica e inaplicable» con los cambios que ya han entrado en vigor, como la obligatoriedad de reflejar en los contratos de compraventa el coste efectivo de producción.
«Ahora mismo, aunque los precios estén bajos», incluso por debajo de los costes de producción, «hace falta vender, para que al final de la campaña salga una media ponderada decente», defiende.
La federación hortofrutícola Fepex, en la que están integradas Coexphal (Almería) y Proexport (Murcia), entre otras, ha solicitado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que traslade a la Comisión Europea (CE) la necesidad de nuevas medidas excepcionales de gestión de crisis ante la «grave situación de bajos precios».
También que Bruselas active las cláusulas de cooperación y salvaguardia para frenar el incremento de las crecientes importaciones hortofrutícolas de Marruecos a bajos precios, cuyos envíos de tomate a España superaron por primera vez la pasada campaña el volumen exportado desde los invernaderos almerienses.
Fepex insiste en que la CE revise el cálculo del valor de importación a tanto alzado que condiciona el pago o no de derechos arancelarios para el tomate marroquí a su entrada al mercado comunitario donde, por otro lado, Holanda ya ha conseguido que su producción compita con la española durante todo el año.
La asociación UPA-Andalucía, con datos de Comercio Exterior de la Agencia Tributaria, cifra en 428.640 toneladas los envíos de frutas y hortalizas desde Marruecos entre enero y septiembre de 2020, frente a las 361.000 toneladas del total del ejercicio 2019.
El responsable técnico de Asaja nacional para frutas y hortalizas, José Ugarrio, cree que los «ruinosos precios» en Murcia y Andalucía no obedecen a una superproducción y considera que «donde hay que poner el foco es en el cuello de botella de la distribución».
«El mercado no está saturado, está saliendo mercancía» y «hay que preguntarse por qué hay esa presión en los mercados. Durante la pandemia los precios han sido aceptables para los agricultores, que podían vivir de su trabajo, y ahora han caído en picado, lo que demuestra que la ley de la cadena no está funcionando», analiza.
Desde COAG, su responsable de frutas y hortalizas, Andrés Góngora, apunta que durante los primeros días de diciembre «algunas cotizaciones, como las del tomate o calabacín, han mejorado algo, pero no de forma sustancial -el del pepino sigue hundido-«, y «continúan por debajo del coste de producción».
La climatología suave de noviembre ha acelerado el crecimiento y la maduración de los cultivos y ha hecho que haya más producto en la cadena alimentaria, según Góngora, quien también menciona los efectos de competencia marroquí: en los mercados mayoristas españoles hay tarrinas de tomate cherry de 250 gramos a 20 céntimos.
Su organización ha trasladado ya a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) la situación de los precios, demanda que se desarrolle la ley de la cadena alimentaria para que haya referencias públicas sobre el coste y que Bruselas revise la cuota a partir del 1 de enero, porque el número de consumidores comunitarios se reduce un 12 % con la salida de Reino Unido.
